Por Redacción Regional
En un fallo emitido el pasado martes 10 de diciembre, el juez 101 Bacrim de Barranquilla, Ángel Augusto Monroy Rodríguez, decidió dejar en libertad a los policías, comerciantes y funcionarios de la Dian, señalados de pertenecer a una estructura dedicada al contrabando La decisión del togado se basó en la falta de pruebas suficientes por parte de la Fiscalía 55 Especializada de Barranquilla para demostrar la culpabilidad de los acusados. Según la acusación, los imputados habrían formado parte de una organización delictiva que se dedicaba al contrabando de mercancías provenientes del exterior, misma que era decomisada de manera irregular y luego revendida a sus dueños o personas terceras.Sin embargo, el juez consideró que no había suficientes elementos de prueba para demostrar la participación de los presuntos indiciados en la organización delictiva. Además, destacó en las audiencias preliminares que no se había demostrado la existencia de una estructura jerárquica dentro de la organización, lo que era un elemento clave para demostrar la culpabilidad de los acusados.Entre los señalados se encuentran 12 uniformados de la Policía Nacional, 2 funcionarios de la Dian y 3 comerciantes. Los capturados corresponden a Orlando Yesid Roa Criado, policía, José Rafael Pérez Celedón, se encargaba de guardar las mercancías de contrabando; Orlando Vicente Cotes Guerrero, transportaba mercancías de contrabando por la troncal del Caribe a las ciudades del Caribe y llegaba hasta Medellín.De igual forma, Robinson García Quintero, Jhon Fredy De la Rans Caro, Carlos Alberto Pérez, Jorge Arroyo Monsalve, Nelson Valencia Palmera, comerciante en Maicao, Salim Ríos Rodríguez, Jhonathan Duarte Carrascal, funcionario de la Dian; Julio Medrano Morales, Luis Arias Vargas, Marlon Quiroz Veleño, Orlando Yesid Roa Criado.También fueron capturados: Gabriel Humberto Berrío Villegas, Emiro Tirado Ortiz, Wilson Mena Palacio y Jhon Jairo Juliao de la Hoz.Algunos detenciones del proceso se realizaron el 20 de noviembre de 2024, y estuvo a dirigida por la Dijin de la Policía Nacional con el apoyo de la Armada Nacional tras investigaciones que determinaron que los delitos de cohecho impropio, concierto para delinquir y tráfico de influencia ocurrieron entre 2022 y 2023. La decisión del juez ha generado un gran alivio entre los familiares y amigos de los involucrados, quienes habían estado esperando ansiosamente el resultado de la vista pública. Sin embargo, la decisión también ha generado críticas y preguntas sobre la efectividad de la justicia en el país.
