La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso histórico al reconocer al Canal del Dique como víctima del conflicto armado en Colombia. Este cuerpo de agua, ubicado en la región Caribe y que abarca parte de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente durante el auge del paramilitarismo.
El anuncio se realizó en un acto en Cartagena de Indias, donde la magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, explicó que el reconocimiento se dio gracias a los informes presentados por la Ruta del Cimarronaje, una plataforma conformada por más de 200 organizaciones étnicas que habitan esta cuenca. Dichos documentos evidencian desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como la responsabilidad de la fuerza pública y otros actores en alianza con grupos armados ilegales.
UN TERRITORIO MARCADO POR LA VIOLENCIA
El Canal del Dique, construido en el siglo XVI por indígenas y esclavos negros, ha sido llamado por la Comisión de la Verdad «el cementerio acuático más grande de Colombia». Durante décadas, este espacio natural fue utilizado como vertedero de cadáveres, perpetuando el terror en las comunidades afrodescendientes que lo habitan.
Aunque el conflicto armado disminuyó en intensidad tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, las amenazas y la violencia continúan. Según la magistrada Valencia, las víctimas han reportado intimidaciones para frenar sus denuncias, lo que ha llevado a algunas de ellas a recibir protección del Estado.
RECLAMOS DE JUSTICIA Y REPARACIÓN
Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, destacó que este reconocimiento por parte de la JEP es un avance significativo para las comunidades negras de la región. Sin embargo, hizo un llamado al Estado para que asuma su responsabilidad frente a los daños ocasionados, no solo en términos sociales, sino también en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la zona.
«El Canal del Dique no solo fue víctima de la violencia paramilitar y de las fuerzas estatales que actuaron en el territorio, sino también de las empresas privadas que causaron daños irreparables. Este reconocimiento debe marcar el inicio de una verdadera reparación integral», afirmó Camargo.
El acto simbólico en Cartagena, donde representantes de 20 municipios tocaron tambores y vertieron aguas de la región sobre la bahía, dejó claro que las comunidades no solo exigen justicia, sino también la recuperación y dignificación de su territorio.
Con esta decisión, la JEP reafirma su compromiso de visibilizar los impactos desproporcionados del conflicto armado en las comunidades más vulnerables de Colombia.
