El proyecto, destinado a mejorar la infraestructura vial en zonas apartadas, enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia, estudios técnicos y control en la contratación.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos del Instituto Nacional de Vías (Invías): Mercedes Gómez, Juan José Oyuela y Juan Carlos Montenegro. La medida surge tras la detección de posibles irregularidades en la implementación del programa “Caminos Comunitarios para la Paz Total”, un proyecto emblemático lanzado en septiembre de 2022 para mejorar la infraestructura vial en las regiones más alejadas de Colombia.
La procuradora general, Margarita Cabello, aseguró que el organismo identificó graves deficiencias en la ejecución del programa durante el año 2023. Estas incluyen el incumplimiento de principios fundamentales como la transparencia, publicidad y planeación, además de desembolsos irregulares, prórrogas injustificadas y la ausencia de estudios técnicos, financieros y contables.
Un proyecto con grandes metas y serias fallas
El programa “Caminos Comunitarios para la Paz Total” fue diseñado para impactar de manera positiva en la red vial terciaria del país mediante actividades de mantenimiento, construcción de infraestructura y recuperación de caminos ancestrales. Sin embargo, el análisis realizado por la Procuraduría evidenció que, pese a los objetivos trazados, la ejecución estuvo plagada de inconsistencias.
Según la información oficial, el Invías suscribió 1.035 convenios solidarios con organizaciones de acción comunal en 521 municipios y 29 departamentos, por un monto que asciende a 233.853 millones de pesos. No obstante, varios de estos convenios no fueron publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), contraviniendo los principios de vigilancia y control exigidos para este tipo de contrataciones.
En palabras de la procuradora Margarita Cabello: “Encontramos que se han firmado 1.035 convenios conjuntas de acción comunal en 30 departamentos, 1.034 convenios por más de 200 mil millones de pesos y como bien lo dice ahí, se encontraron muchas irregularidades que son objeto de control y que van a ser objeto de traslados disciplinarios”.
Recursos multimillonarios bajo la lupa
El Gobierno Nacional había destinado más de 8 billones de pesos para la ejecución de este ambicioso programa durante el cuatrienio, con la meta de mejorar al menos un 33% de la red vial terciaria. Sin embargo, las irregularidades detectadas en los convenios solidarios, que incluían la falta de estudios previos y posibles manejos inadecuados de recursos, han puesto en entredicho el impacto real de estos esfuerzos.
Además, la Procuraduría subrayó que los hallazgos comprometen no solo a los exdirectivos mencionados, sino también a otros funcionarios involucrados en la planeación y ejecución del proyecto. Estos deberán responder como presuntos responsables ante los organismos de control.
Cabe mencionar que, aunque la meta de mejorar la red vial terciaria es crucial para las regiones más apartadas del país, los hallazgos de la Procuraduría evidencian una gestión deficiente que podría comprometer el impacto social esperado.
Este tipo de situaciones no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo los recursos públicos destinados a cerrar las brechas de infraestructura en el país. El seguimiento riguroso a este caso será esencial para garantizar que los responsables rindan cuentas y que los recursos sean utilizados de manera eficiente en el futuro.
Y.A.
