Las diligencias buscan recolectar pruebas clave en el caso que involucra a congresistas de la Comisión de Crédito Público y su presunta vinculación con el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En el marco de la investigación sobre un presunto escándalo de corrupción que salpica a varios congresistas, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo el martes 10 de diciembre una inspección a las oficinas del Ministerio de Hacienda. El objetivo principal de estas diligencias es recolectar nuevas pruebas que puedan contribuir al avance de la investigación en curso, centrada en los congresistas que integran la Comisión de Crédito Público y su presunta implicación en actos irregulares relacionados con la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La inspección, liderada por delegados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, se centró en revisar documentos oficiales y computadoras del Ministerio de Hacienda. Estas diligencias se suman a otras previamente realizadas en las oficinas del Congreso de la República en la última semana, con el propósito de encontrar documentos relevantes que pudieran arrojar más información sobre el caso. En este sentido, una de las prioridades del magistrado Misael Rodríguez ha sido hallar documentos que contengan la letra y firma de la congresista Karen Manrique, con el fin de compararlos con aquellos encontrados en la libreta de Olmedo López.
Estas inspecciones, realizadas tanto en el Congreso como en el Ministerio de Hacienda, son parte de una serie de esfuerzos por recolectar pruebas que ayuden a esclarecer las acusaciones de corrupción. Los congresistas implicados, miembros de la Comisión de Crédito Público, han decidido guardar silencio durante las indagatorias llevadas a cabo por el magistrado Rodríguez, lo que ha generado cierta expectación sobre los avances del proceso.
“Estamos a la espera de que el magistrado decrete la práctica de nuevas pruebas, como la práctica de un nuevo testimonio de Olmedo López, para realizar contra interrogatorios con el objetivo de esclarecer las acusaciones puntuales contra cada uno de los integrantes de Crédito Público”, señalaron algunos de los congresistas implicados tras las diligencias.
Por su parte, en los últimos días, el magistrado Rodríguez también citó a María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda, para que proporcionara más detalles sobre el conocimiento de los congresistas acerca de los pactos irregulares que, según se investiga, habrían sido respaldados por el ex ministro Ricardo Bonilla. Esta citación se enmarca dentro de la búsqueda de nuevos testimonios que puedan arrojar luz sobre el alcance y las implicaciones de los hechos que se investigan.
Ante las inspecciones realizadas, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado oficial confirmando la intervención de la Corte Suprema en sus oficinas. Según el informe, después de la inspección, el Ministerio entregó todos los elementos solicitados por los delegados de la Corte para continuar con la recopilación de pruebas en el caso.
Cabe señala que el caso de la UNGRD se ha convertido en un símbolo de los retos que enfrenta la justicia colombiana en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas. La colaboración entre las diferentes ramas del poder, como lo demuestra la inspección en el Ministerio de Hacienda, es fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
Sin embargo, el silencio de los congresistas y las dificultades para obtener testimonios clave resaltan los obstáculos que aún persisten en este tipo de investigaciones. A medida que el proceso avanza, es necesario que las autoridades continúen garantizando la transparencia y el acceso a pruebas cruciales que permitan esclarecer la magnitud de los actos irregulares. Este caso es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción debe ser constante y sin tregua, para garantizar la confianza en las instituciones del país.
Y.A.
