En un reciente pronunciamiento, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, calificó como un «golpe significativo» el archivo del proyecto de Ley de Financiamiento por parte del Congreso de la República. Según el funcionario, esta decisión tendrá consecuencias directas sobre la transición energética y las tarifas de energía que pagan los ciudadanos.
Camacho explicó que una de las principales afectaciones recae en los estratos 1, 2 y 3, quienes acumulaban un saldo de $2,6 billones en cuentas por pagar hasta abril de 2024 debido a la opción tarifaria. Este mecanismo, creado en 2020 para evitar aumentos abruptos en plena pandemia, habría recibido apoyo gubernamental a través del proyecto para reducir el impacto de las tarifas.
Además, el archivo de la ley elimina incentivos fiscales diseñados para fomentar la inversión en energías no convencionales. Entre estos, destacaba la deducción del 50% de la inversión en el impuesto de renta durante un periodo de hasta 15 años y la posibilidad de negociar bonos de transición energética en el mercado, lo que habría facilitado la liquidez de las empresas.
Otro aspecto crucial señalado por el ministro es la pérdida de la propuesta para cambiar la exclusión del IVA por una exención, que buscaba evitar sobrecostos para las empresas nacionales al adquirir equipos para proyectos de energía renovable. Según Camacho, esta medida habría incentivado la industria local, evitando la dependencia de importaciones.
El proyecto también contemplaba la implementación de paneles solares en hogares de los estratos más bajos, con el objetivo de democratizar el acceso a la energía, reducir tarifas y generar ahorros fiscales. La meta era beneficiar a un millón de hogares para 2030, con una inversión inicial a partir de 2025.
“El archivo de esta ley representa un freno significativo para el avance de la transición energética y deja sin herramientas clave al Gobierno para enfrentar los retos en materia de tarifas, sostenibilidad y equidad energética”, concluyó el ministro.
La decisión del Congreso deja en el aire varias de las estrategias planteadas para avanzar en un modelo energético más sostenible y accesible en el país.
