Se presentaron cargos contra varios funcionarios de la Secretaría de Educación por presunta falsificación de títulos universitarios para acceder a cargos públicos.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto en la mira a un presunto cartel de falsificación de diplomas en el sector educativo de Bogotá, al presentar pliego de cargos contra María Cristina Vega Fajardo, docente adscrita a la Secretaría de Educación de la ciudad.
La funcionaria está siendo investigada por haber presuntamente falsificado su diploma universitario para acceder a su cargo como docente y orientadora en el colegio El Japón. Junto a Vega Fajardo, otros siete funcionarios son señalados de haber entregado documentación falsa para obtener cargos públicos.
La investigación también apunta a posibles falsedades en los títulos de varios empleados de la Secretaría de Educación, quienes habrían utilizado diplomas falsificados para ascender en sus posiciones.
Entre los casos destacados, se encuentran los de Natalia Barragán González, Yisela Yolima Bautista Valderrama, Johann Marlon Santander, César Alonso Delgado Benavides, Bertha Cecilia Salamanca Ramírez, Cristian Lara Sarmiento, y Yudi Lesnaida Umbarila Olivares, quienes presuntamente presentaron diplomas adulterados, tales como licenciaturas y especializaciones en distintas áreas de la educación, con el fin de obtener cargos y ascensos dentro del sistema educativo de la ciudad.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente las faltas de los implicados como gravísimas, a título de dolo. Este caso podría extenderse a otros siete instructores que habrían facilitado la falsificación de títulos para conseguir cargos en las instituciones educativas de Bogotá.
Este escándalo pone de relieve las graves irregularidades dentro de la Secretaría de Educación de Bogotá, donde la falsificación de títulos académicos podría haber facilitado el acceso a puestos clave en el sistema educativo.
Así las cosas, de ser confirmada la existencia de una red organizada de falsificación de diplomas, se trataría de un caso de corrupción educativa que afecta tanto la calidad del sistema escolar como la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la formación de los jóvenes. La Procuraduría deberá investigar a fondo para garantizar que estos delitos no queden impunes y se refuercen los controles en la contratación de personal en el sector público.
Y.A.
