Las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron el proyecto por medio de cual se estipula la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, el proyecto permitirá tener una estructura válida para intervenir en temas que afectan los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales en todo el territorio nacional.
En esa línea, el proyecto determina las
competencias de los jueces agrarios que se encargarán de dirimir de manera rápida y sencilla las disputas agrarias en Colombia.
Al respecto, se pronunció la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, quien precisó que se trata de un proyecto de ley que da cuenta del momento histórico que el Congreso y el Gobierno Nacional está asumiendo.
En palabras de la alta funcionaria, con el proyecto se crea la posibilidad de que Colombia sea distinta, “porque en las manos de lo que ustedes hicieron está la posibilidad de reencontrarnos en lo fundamental y hablar de una Colombia en paz, de una Colombia potencia agroalimentaria”, precisó.
Por su parte, el jefe de la cartera política Juan Fernando Cristo Bustos celebró la aprobación y destacó que se avanzó hacia la creación de los primeros jueces especializados en conflictos agrarios y rurales.
“Garantizar los derechos del campesinado, las comunidades étnicas y las mujeres rurales es un compromiso clave del Acuerdo de Paz”, indicó.
A su turno, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que la importancia de la Jurisdicción Agraria es hacer realidad el marco de la Ley Estatutaria, “que significa, también, poner a disposición de la comunidad campesina jueces agrarios, distribución de competencias y jurisdicciones que son muy importantes en los debates que han sido objeto de conflicto social en muchos de nuestros territorios”, destacó.
Finalmente, es preciso mencionar, que ahora el proyecto debe aterrizar a las plenarias de Cámara y Senado
La Ley Ordinaria tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como aquellos por la posesión y tenencia de la tierra, por servidumbres agrarias, y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.
Sumado a lo anterior, el proyecto establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.
Así mismo, detalló la actual administración que no sólo garantizará que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos sino que, entre cosas, promueve la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.
