¿Quién debe financiar el sistema? La eterna pregunta sin respuesta en Bogotá.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La posibilidad de un aumento en la tarifa de TransMilenio en 2025 ha avivado un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exponiendo las tensiones históricas sobre la financiación del sistema de transporte masivo de la capital.
Desde la Alcaldía de Bogotá, argumentan que el incremento en la tarifa responde a la falta de recursos provenientes del Gobierno Nacional, cifra que, según el Distrito, asciende a 800.000 millones de pesos. Sin embargo, el presidente Petro negó rotundamente estas afirmaciones. “Los recursos nacionales, ni ayer ni hoy, van para subsidiar la operación del TransMilenio. Yo como alcalde, nunca le pedí ni un solo peso al Gobierno para esa actividad”, aseguró el mandatario.
Petro sugirió alternativas, como transferir recursos nacionales a cambio de participación en la operación de los buses o transformar troncales en tranvías eléctricos, señalando que su operación resulta más económica. Estas propuestas dejan entrever una visión a largo plazo para el sistema, pero también plantean dudas sobre la viabilidad financiera y política de implementarlas en el corto plazo.
A la polémica se sumó la ministra de Transporte, María Constanza García, quien respaldó la posición de Petro al señalar que “el Gobierno Nacional tiene prohibido por ley girar recursos para la operación de los sistemas; financia hasta el 70% de la infraestructura, tecnología, entre otros aspectos”. Además, acusó al alcalde Galán de “faltar a la verdad” al culpar a la Nación del déficit financiero de TransMilenio.
Perspectiva crítica: El verdadero costo político y social
El choque entre el Gobierno Nacional y el Distrito deja a los usuarios del sistema en una encrucijada. Un aumento en la tarifa no solo afecta la economía de los ciudadanos más vulnerables, sino que también podría erosionar la percepción del liderazgo tanto de Petro como de Galán. Además, revela la falta de una estrategia conjunta para abordar un problema estructural que, desde hace años, ha sido el talón de Aquiles de Bogotá: un sistema de transporte caro, congestionado y, en muchos casos, ineficiente.
El debate pone en evidencia la necesidad de un acuerdo entre las partes para evitar que el costo de las divisiones políticas recaiga, una vez más, en los usuarios.
Y.A.
