Acusaciones de acoso laboral, psicológico y sexual contra altos oficiales generan indignación y movilizan investigaciones.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En un video difundido a través de redes sociales, la subintendente Sandra Marín Urueta, adscrita a la Policía Metropolitana de Barranquilla, denunció haber sido víctima de acoso laboral, psicológico y sexual por parte de dos altos oficiales. Según su testimonio, uno de ellos le habría propuesto mantener relaciones sexuales, y, tras su negativa, comenzaron represalias que incluyeron un intento de traslado a otra ciudad.
Con una niña en brazos, Marín narró entre lágrimas cómo estas situaciones han afectado no solo su vida profesional, sino también la estabilidad emocional de su familia. «He acudido a la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Mujer y la Procuraduría porque llevo tiempo soportando este acoso. Tengo pruebas, testigos y documentos que lo respaldan», afirmó en el video, dejando claro que su denuncia no solo responde a un acto personal, sino a una situación que busca visibilizar.
Respuesta institucional y medidas
Ante la gravedad de las acusaciones, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Edwin Urrego, rechazó cualquier tipo de violencia contra la mujer y aseguró que se han activado los protocolos establecidos para estos casos. «Hemos activado la ruta de violencia de género y de apoyo psicosocial para la funcionaria», indicó. Además, confirmó que el caso está siendo evaluado por un comité de gestión humana para determinar el curso de acción más adecuado.
El coronel también explicó que desde el 7 de noviembre se había ordenado el traslado de la subintendente a Cali, aunque este no se ha concretado debido a una solicitud de derogación por razones especiales. «Haremos el trámite correspondiente para que se adelanten las investigaciones necesarias y haya lugar al esclarecimiento de los hechos», puntualizó Urrego, subrayando que la Policía Nacional sigue los lineamientos de transparencia en estos casos.
Contexto de la denuncia
En su testimonio, Marín detalló que la presión comenzó cuando un coronel, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, le habría exigido favores sexuales. Al negarse, se habrían intensificado las acciones en su contra, incluyendo presiones por parte de otra oficial superior. “Me mandaron a una oficial para que me acosara y negaron mis permisos laborales. Hoy incluso tuve problemas con la teniente”, denunció.
La subintendente señaló que el traslado a Cali representa un problema adicional, ya que no cuenta con una red de apoyo para cuidar a sus hijas en esa ciudad. Este aspecto refuerza las críticas hacia las posibles represalias que enfrenta por haber denunciado.
Debate y reflexión sobre el caso
El caso de Sandra Marín pone de manifiesto la importancia de garantizar ambientes laborales libres de violencia de género y la necesidad de actuar con celeridad ante denuncias que afectan la integridad de las funcionarias. Además, evidencia un desafío estructural dentro de las fuerzas armadas en cuanto a la gestión de denuncias de acoso y abuso de poder.
Mientras se adelantan las investigaciones, se espera que las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, acompañen este proceso para garantizar justicia y evitar represalias. Este caso no solo cuestiona la actuación de ciertos miembros de la institución, sino que también resalta la importancia de fortalecer las rutas de atención para las víctimas de acoso laboral y sexual.
Y.A.
