La posible existencia de cadáveres sin identificar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ha generado polémica tras las observaciones preliminares realizadas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en su reciente visita a Colombia.
Según la organización, esta información fue proporcionada por diversas fuentes oficiales y corroborada a través de reuniones con autoridades y organizaciones.
Juan Pablo Albán Alencastro, miembro del comité, afirmó que no pueden ignorar los testimonios recibidos, los cuales señalan la presencia de restos humanos en lugares no aptos para su conservación, aunque aclaró que el aeropuerto no fue visitado por los delegados. Asimismo, destacó que estos hallazgos forman parte de una metodología estricta basada en información verificada de fuentes creíbles.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inspeccionó las instalaciones del aeropuerto tras conocerse las denuncias y concluyó que no se encontraron restos humanos en ninguno de los 27 hangares revisados. Este informe preliminar será tomado en cuenta por la ONU en el documento final que presentará en abril de 2025.
Además de esta controversia, el comité expresó su preocupación por otros hallazgos relacionados con la desaparición forzada en el país. Según la Comisión de la Verdad, más de 25.000 cuerpos sin identificar se encuentran dispersos en todo el territorio debido a la falta de infraestructura adecuada. Asimismo, las cifras totales de personas desaparecidas oscilan entre 98.000 y 200.000, según las diferentes fuentes consultadas, lo que refleja la ausencia de un registro unificado y confiable.
A pesar de las críticas recibidas por parte de las autoridades colombianas, Albán subrayó la actitud constructiva del Estado, que ha reconocido la gravedad del problema y la necesidad de mejorar los mecanismos para abordar las desapariciones forzadas. Hizo un llamado a la cooperación entre Colombia, el comité y las entidades internacionales para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Esta situación pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y la urgencia de fortalecer los sistemas de identificación y registro de desaparecidos. Mientras tanto, la sociedad colombiana sigue atenta a los resultados del informe final de la ONU, que será clave para esclarecer estas denuncias.
