El senador por el Partido Liberal e integrante de la bancada Caribe Mauricio Gómez Amín una vez más se fue lanza en ristre contra el Gobierno Nacional, esta vez en el marco de una reciente sesión descentralizada del Senado que llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla.
Durante la jornada que se realizó en las instalaciones de la Asamblea del Atlántico, estuvo citada la ministra de Transporte María Constanza García a quien el senador reclamó por el cobro de la valorización en la vía Barranquilla-Cartagena.
Al referirse a los 2 billones que busca obtener el gobierno con dicho cobro, el parlamentario, dijo:”Yo le pregunto a Petro y a su gobierno, ¿pero para qué quieren esos recursos si no saben ejecutar? ¿Por qué no cogen la platica que tienen guardada en la Fiducia, que son $97 billones y ejecutan obras?”, cuestionó.
Según el legislador, lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que según los datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ejecución presupuestal a noviembre de 2024 es la más baja desde el 2019.
En esa línea, pidió a la actual administración más resultados y menos discursos, y señaló que el gobierno de Petro “se graduó y tiene máster y PhD en no saber ejecutar”, cuestionó.
De igual forma, aseguró que existe desidia del gobierno Petro con el Caribe. “Del presupuesto para el próximo año nos quitaron el 32%”, crítico.
Vale la pena mencionar, que por el cobro de la valoración, el congresista también adelantó una iniciativa con el propósito de recoger firmas para tumbarlo.
En su momento, el legislador aseguró que el Gobierno de Petro insiste en “meterle la mano al bolsillo a la gente en la región Caribe, $2.4 billones más en impuestos, que además no se ven porque estamos ante un gobierno que no ejecuta”, cuestionó.
Antes de ello, Gómez Amín ante la Corte Constitucional había presentando una demanda contra artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, el cual establece como un plan piloto nacional el cobro de
valorización de la vía Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad.
El recurso, cuyo estudio fue aceptado tiene como objetivo defender los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Soledad, Galapa y Malambo, los cuales se verían afectados.
De acuerdo con el integrante de la bancada Caribe en el recurso presentado ante la alta corte se cuestiona la constitucionalidad de la
disposición que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización “hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto”.
