En un fuerte pronunciamiento, líderes y ciudadanos de los departamentos del Atlántico y Bolívar han expresado su rechazo frente a una contribución por valorización asociada a la vía de la prosperidad, inaugurada en 2022.
Según las denuncias, esta medida viola el artículo 338 de la Constitución Política y desconoce derechos fundamentales, como la consulta previa a poblaciones étnicas.
Líderes locales señalan que este impuesto no solo es inconstitucional, sino que también afecta a familias vulnerables que luchan por pagar servicios básicos como energía y agua potable. “La gente no sabe si pagar la energía o comer. Ahora quieren que entreguen sus casas si no pueden pagar este nuevo gravamen”, expresó un dirigente.
La ministra y otros funcionarios han sido criticados por no realizar las consultas previas exigidas por la ley 29 de 1991, obligatorias en proyectos que afectan a comunidades indígenas y afrodescendientes.
En el Congreso, la situación ha generado inquietud y se ha propagado la idea de que el Gobierno Nacional está dando la espalda a los atlanticenses y bolivarenses.
Los habitantes de estos departamentos exigen una revisión urgente de esta resolución y advierten que no permitirán que se imponga un impuesto que, según ellos, solo aumentará la desigualdad y el descontento social. «No jueguen con el pueblo», sentenciaron en un llamado directo al presidente y a las autoridades nacionales.
