Ante los recientes pronunciamientos de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena, la diputada de esta corporación aclaró su postura y explicado las razones detrás de su accionar legal en defensa de sus derechos y los de los magdalenenses.
La diputada explicó que, debido a las reiteradas violaciones al reglamento interno de la Asamblea y a la ley que regula su funcionamiento, se vio obligada a recurrir a los jueces constitucionales para salvaguardar sus derechos fundamentales, en especial el derecho al debido proceso y a la participación política. Resaltó que la medida judicial que fue adoptada por el Juez Sexto Penal Municipal de Santa Marta suspendió la sesión para la elección de la mesa directiva del año 2025, programada para el 26 de noviembre de 2024. Sin embargo, la mesa directiva actuó de forma autoritaria y burló la orden judicial, lo que constituyó un presunto fraude a la resolución judicial, según lo evidenciado en la videograbación de la sesión.
Ante esta situación, la diputada presentó un incidente de desacato y solicitó que se compulsaran copias a la Fiscalía y la Procuraduría para investigar la conducta de los responsables, al tiempo que solicitó dejar sin efectos las decisiones tomadas en dicha sesión, particularmente la elección de la nueva mesa directiva.
Finalmente, la diputada manifestó que las denuncias interpuestas por la Presidenta de la Asamblea buscan ejercer presión indebida sobre el juez que está próximo a pronunciarse sobre el incidente de desacato y el fallo de tutela.
Guerra aseguró que ha sido respetuosa de los fallos judiciales y continuará actuando dentro del marco de la ley, buscando siempre hacer valer sus derechos y los de todos los ciudadanos del Magdalena, quienes depositan su confianza en el trabajo de esta corporación.
