Organizaciones no gubernamentales y familiares de mujeres encarceladas por razones políticas en Venezuela han alzado su voz para denunciar las condiciones inhumanas que enfrentan en los centros penitenciarios. Según la ONG FundaRedes, más de 200 «presas políticas» sufren hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y violencia de género.
En un reciente comunicado, la organización detalló que las detenidas son víctimas de patrones sistemáticos de abuso psicológico, sexual, institucional y físico, lo que consideran una grave violación a los derechos humanos. Esta situación refleja un panorama crítico para las 1.903 personas privadas de libertad por disentir del Gobierno, de acuerdo con cifras del Foro Penal.
El traslado de 29 reclusas desde Anzoátegui hacia un penal en Miranda, a más de 400 kilómetros de distancia, ha encendido las alarmas de familiares, quienes consideran que esta medida afecta aún más la integridad y seguridad de las detenidas. Estas mujeres fueron arrestadas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en medio de una crisis
