En un esfuerzo por proteger sus valiosos ecosistemas, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha solicitado formalmente al Ministerio de Ambiente que aclare los mecanismos de participación territorial en los acuerdos alcanzados durante la reciente COP16 sobre biodiversidad. La ciénaga Ayapel, uno de los tres humedales Ramsar en el Caribe colombiano, se encuentra actualmente amenazada por la proliferación de la minería ilegal, lo que ha llevado a la región a intensificar sus esfuerzos de conservación.
Durante una reunión con la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, Zuleta Bechara enfatizó la necesidad urgente de que las regiones tengan un papel activo en las negociaciones internacionales que abordan los desafíos ambientales específicos que enfrentan. “Es fundamental conocer los acuerdos para que, como gobernantes del territorio, podamos saber cómo participar en las negociaciones realizadas en el contexto de la COP16 de nuestro país”, afirmó el gobernador.
Córdoba alberga más de 40,000 hectáreas de cuerpos de agua que son vitales para la biodiversidad local y para el bienestar de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo las regiones pueden involucrarse en la implementación de los acuerdos internacionales ha generado preocupación entre los líderes locales.
“En este momento, querida ministra, no tenemos claridad desde los territorios sobre cómo podemos colaborar de manera conjunta para abordar esta problemática y preservar nuestra biodiversidad”, añadió Zuleta Bechara, resaltando la importancia de establecer mecanismos concretos que permitan a las regiones participar en la toma de decisiones sobre la protección de sus ecosistemas.
La solicitud del gobernador representa un llamado a la acción para fortalecer la gobernanza ambiental en Colombia y garantizar que las voces de las regiones sean escuchadas en la defensa de su patrimonio natural. La protección de la ciénaga Ayapel y otros humedales es fundamental para el futuro ambiental y social de Córdoba, y es imperativo que se implementen estrategias efectivas que involucren a las comunidades en la lucha contra la minería ilegal y otras amenazas a estos ecosistemas.
