La Comisión de Acusación respalda a Uribe pese a cuestionamientos del Centro Democrático. La decisión marca un punto clave en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ratificó que el congresista Alirio Uribe continuará al frente de la investigación contra el presidente Gustavo Petro, luego de desestimar la recusación presentada por Christian Garcés, miembro del Centro Democrático. La decisión fue adoptada con el respaldo de siete congresistas, quienes consideraron insuficientes los argumentos del recusador, mientras que cuatro apoyaron la solicitud y seis estuvieron ausentes en la votación.
Christian Garcés alegó que Uribe carecía de imparcialidad y objetividad, dado su pasado como integrante de la lista del Pacto Histórico y su conocida amistad con el presidente Petro. Sin embargo, los congresistas que rechazaron la recusación, entre ellos Wilmer Carrillo (Partido de la U), Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) y Karime Cotes (Partido Liberal), sostuvieron que tales argumentos no demostraban una incapacidad para llevar a cabo el proceso.
Por su parte, quienes votaron a favor de la recusación, como Óscar Villamizar y Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, consideraron que las circunstancias presentadas por Garcés ameritaban la separación de Uribe. A pesar de ello, el fallo final consolidó la posición de Uribe como coordinador del triunvirato que lidera la investigación más avanzada contra Petro.
Esta investigación está centrada en las declaraciones de Nicolás Petro, quien admitió ante la Fiscalía haber recibido dinero de políticos y empresarios cuestionados de la Región Caribe para la campaña presidencial de 2022. Estas revelaciones han puesto bajo escrutinio las posibles irregularidades en la financiación de la campaña del actual mandatario.
En medio del debate, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a Uribe desde Uruguay, argumentando que el intento de recusarlo era parte de una estrategia política. “Quieren inhabilitar a Alirio Uribe porque es del Pacto y, siguiendo a Miranda, dicen que quienes me apoyaron no pueden juzgarme. Entonces, según ellos, solo la oposición, como quieren los golpistas, puede hacerlo”, afirmó el mandatario.
La sombra de Armando Benedetti
El contexto político de la investigación se ha intensificado con las revelaciones sobre Armando Benedetti, exembajador ante la FAO y recientemente nombrado como asesor de Palacio. Según llo informado por un medio nacional, Benedetti ha intentado influir en miembros de la Comisión de Acusación para que se archive el caso contra Petro. Aunque varios congresistas han rechazado sus acercamientos, esta estrategia ha suscitado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Las acusaciones de lobby por parte de Benedetti no solo agravan las tensiones en el Congreso, sino que también refuerzan la percepción de que el caso está impregnado de intereses políticos. La oposición, liderada por el Centro Democrático, ha enfatizado la necesidad de garantizar la independencia en el desarrollo de la investigación, mientras que el oficialismo defiende la capacidad de Uribe para liderarla.
Así las cosas, la decisión de mantener a Alirio Uribe como investigador principal evidencia el complejo balance de poderes en la Comisión de Acusación. Aunque el rechazo a la recusación puede interpretarse como una victoria para el oficialismo, también pone en evidencia las profundas divisiones políticas en torno al caso. Además, las acciones de figuras como Benedetti plantean interrogantes sobre la influencia del Ejecutivo en un proceso que debería ser autónomo.
Este caso no solo tiene implicaciones jurídicas para el presidente Gustavo Petro, sino que también afecta la percepción de su gobierno en términos de transparencia y respeto por las instituciones. El desenlace de esta investigación será crucial para determinar si las acusaciones de financiamiento irregular son esclarecidas de manera imparcial o si el caso se convierte en otro ejemplo de politización judicial en el país.
Y.A.
