La exconsejera presidencial se encuentra en el centro de una investigación por presuntos pagos ilícitos y contratos cuestionables.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Este martes 3 de diciembre, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, enfrentará una audiencia clave que determinará si deberá cumplir prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz es señalada de haber gestionado pagos ilícitos y contratos irregulares en beneficio del exsenador Iván Name, quien también está bajo investigación por corrupción.
Las acusaciones incluyen su presunta participación en el desvío de 3.000 millones de pesos, supuestamente transferidos a Name a cambio de apoyo a la agenda legislativa del Gobierno cuando este ocupaba un escaño en el Congreso. Además, la Fiscalía ha revelado un video donde Ortiz aparece junto al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, en un encuentro en la Casa de Nariño. Según el ente acusador, estas imágenes serían prueba de una relación cercana entre ambos, lo que habría facilitado las operaciones ilícitas.
Por si fuera poco, Ortiz también enfrenta señalamientos por un contrato de 11.000 millones de pesos en el Departamento del Atlántico. Según las autoridades, habría utilizado su influencia para garantizar una adición contractual que beneficiaría a Name. “La exconsejera presidencial para las regiones utilizó las influencias de su cargo en beneficio del senador Iván Name (…) para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato que se estaba ejecutando en el Atlántico”, indicó la fiscal a cargo del caso.
Pese a estas graves acusaciones, Sandra Ortiz ha defendido su inocencia, asegurando que las pruebas presentadas carecen de fundamento y que no incurrió en ningún ilícito. Sin embargo, este caso ha puesto en el ojo público las posibles irregularidades en el manejo de la administración pública, con prácticas que incluirían tráfico de influencias y manipulación de contratos para fines personales y políticos.
La decisión del juez en esta audiencia será determinante no solo para Ortiz, sino también para los otros implicados y las instituciones involucradas en el escándalo, como la UNGRD. Este organismo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en los últimos años, lo que ha generado preocupaciones sobre su transparencia y manejo de recursos públicos.
En ese sentido, el caso de Sandra Ortiz no solo es un ejemplo del impacto de la corrupción en la administración pública, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en entidades clave como la UNGRD. Más allá de la resolución de este caso puntual, es crucial que las autoridades impulsen reformas que garanticen un manejo transparente de los recursos y eviten la repetición de este tipo de escándalos.
Por ahora, la audiencia de medida de aseguramiento será el siguiente capítulo en esta historia que podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Colombia.
Y.A.
