Procuraduría podrá sancionar a funcionarios elegidos por voto popular: Consejo de Estado

*Determinación es transitoria mientras Congreso legisla al respecto, explicó la alta corte.

Después de varios choques de trenes, el Conseio de Estado determinó que la Procuraduría General de la Nación sí puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. De igual forma, dichas decisiones pasarán a revisión por parte de la alta corte.

La decisión del alto tribunal fue la respuesta a un recurso interpuesto hace algún tiempo por Esther García quien en su momento fue suspendida de su cargo como alcaldesa de Arjona Bolívar por decisión de la Procuraduría.

Al respecto, el encargado de pronunciarse fue el presidente del Consejo de Estado magistrado Milton Chaves, quien detalló que el “ control que va a hacer el Consejo de Estado de las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también las sanciones de los que son elegidos popularmente y que están fuera del cargo”.

“La decisión que se tomó hoy, que tiene fuerza de unificación de Sala Plena, o sea, es de carácter obligatorio y va a cobijar los casos posteriores que tengan estas mismas características”, precisó Chaves.

En esa línea, detalló que la Sala Plena determinó acoger el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C030 de 2023, “en la que señaló el alcance del recurso de revisión que está previsto en la ley 2094”.

Precisó además, que es una fuerza de una sentencia de unificación en el sentido de que el Consejo de Estado “sí va a revisar esas sanciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación en los casos de funcionarios, servidores elegidos popularmente y en los casos de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad”.

Detalló también, que la decisión es transitoria hasta cuando el Congreso de la República determine cuál es el juez natural disciplinario de los elegidos popularmente, de acuerdo a las exigencias de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe mencionar, que la discusión al respecto inició en Colombia después de que se conociera la la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH en el caso de Gustavo Petro Urrego Vs. Colombia.