La defensa del Ministro de Hacienda busca aclarar su situación jurídica tras nuevos testimonios revelados en el marco de una investigación que involucra millonarios contratos públicos.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La reciente filtración de la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha generado un nuevo capítulo en el entramado jurídico que rodea al funcionario. Ante este escenario, la defensa del ministro, liderada por el abogado Mauricio Pava, ha solicitado una reunión de urgencia con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar el curso de la investigación. Según Pava, han conseguido material probatorio significativo, avalado por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, que podría redefinir el panorama jurídico.
Benavides afirmó recientemente que se sintió «usada» por el ministro y denunció presiones para aprobar un desembolso de 92.000 millones de pesos destinado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, la defensa insiste en que estas transacciones nunca se concretaron y que los proyectos en cuestión estaban aún en etapas preliminares, por lo que no hubo pérdida de recursos públicos ni contratos firmados.
Contratos millonarios y supuestos intereses políticos
La investigación ha girado en torno a tres contratos que suman un total de 92.000 millones de pesos y que, según las acusaciones, tenían como objetivo beneficiar a seis congresistas a cambio de su respaldo para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional. Estos recursos, supuestamente, estaban destinados a obras de mitigación de inundaciones y erosión en tres regiones del país:
- Cotorra, Córdoba, con un presupuesto de 50.000 millones de pesos.
- El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos.
- Saravena, Arauca, con 30.000 millones de pesos asignados.
La defensa asegura que no existe evidencia que demuestre el direccionamiento irregular de estos contratos por parte del ministro Bonilla. En contraste, la Fiscalía había señalado inicialmente que el funcionario podría haber jugado un papel clave en este esquema, lo que reforzó el impacto mediático del caso.
Declaraciones contradictorias
Según el abogado Mauricio Pava, las afirmaciones de Benavides son inconsistentes con las pruebas obtenidas en las audiencias autorizadas por el Tribunal Superior de Bogotá. En sus palabras: “La reciente declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministro, conocida en medios de comunicación, es contraria a lo expuesto en las audiencias de búsqueda de pruebas realizadas por la defensa y autorizadas por el Tribunal Superior de Bogotá”.
Mientras tanto, el ministro Bonilla sigue cumpliendo con sus compromisos relacionados con el cierre del año fiscal, mientras su equipo legal analiza las implicaciones de los últimos señalamientos y las posibles estrategias para garantizar la transparencia del proceso.
¿Crisis política o confusión mediática?
El caso Bonilla pone de relieve la tensión entre las investigaciones judiciales y la presión mediática. Aunque los señalamientos contra el ministro son graves, la ausencia de pruebas concluyentes podría fortalecer la percepción de una persecución política. Por otro lado, el impacto social de los proyectos involucrados —obras que buscaban prevenir desastres naturales— aumenta la sensibilidad del caso frente a la opinión pública.
En última instancia, el desenlace de este proceso no solo afectará la reputación del ministro Ricardo Bonilla, sino que también tendrá repercusiones en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones judiciales y la gestión gubernamental.
Y.A.
