El gobierno de Venezuela ha llevado a cabo operativos de intervención en dos centros penitenciarios ubicados en el estado Lara, al oeste del país, con el objetivo de mejorar el sistema penitenciario y garantizar mayores niveles de «orden, seguridad y estabilidad». Esta acción forma parte de la «Operación Gran Cacique Guaicaipuro», una iniciativa que comenzó el año pasado para desmantelar las «mafias carcelarias» que operan dentro de las cárceles y asegurar que los reclusos puedan reintegrarse adecuadamente a la sociedad.
El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, explicó que la intervención busca no solo mejorar las condiciones de los centros, sino también promover la reinserción de los internos como ciudadanos útiles para el desarrollo social y económico del país. Zerpa subrayó que el trabajo conjunto del Estado venezolano continúa garantizando el orden y la seguridad en las cárceles, aunque no ofreció detalles específicos sobre los resultados de esta última operación.
Por otro lado, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó su preocupación por el operativo, calificándolo de «inhumano». Según la organización, el despliegue masivo de fuerzas de seguridad, que incluyó a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, generó incertidumbre entre los familiares de los reclusos. La ONG señaló que los familiares no recibieron información sobre la situación y que, además, los funcionarios de seguridad les impidieron acercarse a los centros para obtener detalles.
El OVP también criticó la falta de un protocolo claro para brindar información y atención a los familiares durante las intervenciones, lo que consideró una muestra de «opacidad informativa» por parte del gobierno. En el pasado, el gobierno venezolano ha realizado otros operativos similares, como el desmantelamiento de bandas de crimen organizado en centros penitenciarios, donde se han incautado drogas, armas y teléfonos móviles.
Este tipo de operativos es parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno venezolano para combatir las estructuras criminales dentro de las prisiones y mejorar las condiciones de los reclusos, aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales de los internos y sus familias.
