La exfuncionaria enfrenta cargos de lavado de activos y tráfico de influencias por su presunta participación en un entramado de corrupción. La audiencia de medida de aseguramiento continuará el próximo martes 3 de diciembre.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Este viernes 29 de noviembre, los Juzgados de Paloquemao fueron el escenario de una audiencia clave en el caso de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, investigada por su supuesta vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, problemas técnicos durante la diligencia obligaron a la juez a aplazar la audiencia de medida de aseguramiento, la cual se retomará el martes 3 de diciembre en una sesión presencial.
Ortiz, quien ha sido señalada por la Fiscalía General de la Nación de entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name, se mantiene firme en su inocencia. A su salida del juzgado declaró: “La Fiscalía no ha dado pruebas”, refiriéndose a los elementos presentados por el ente acusador para solicitar su medida privativa de la libertad.
Imputación de cargos: Lavado de activos y tráfico de influencias
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, expuso las razones detrás de la solicitud de medida de aseguramiento contra Ortiz. Según la acusación, la exconsejera habría actuado por orden de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para transportar y entregar grandes sumas de dinero en efectivo al entonces presidente del Congreso, Iván Name.
La fiscal indicó que Ortiz habría realizado dos viajes, los días 12 y 13 de octubre de 2023, en los que transportó 1.500 millones de pesos en efectivo en cada ocasión, para un total de 3.000 millones. Este dinero habría sido entregado con el fin de facilitar presuntos acuerdos ilícitos vinculados al esquema de corrupción en la UNGRD.
Pruebas clave: Celular y testimonios
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentra el celular de Sandra Ortiz, cuyo análisis por parte de los peritos incluyó un cruce de celdas que corroboraría los testimonios de testigos clave, como Sneyder Pinilla. Según estos elementos, el dispositivo de Ortiz estuvo en ubicaciones que coinciden con los supuestos movimientos realizados para la entrega del dinero.
A pesar de la evidencia presentada, la exfuncionaria negó las acusaciones y no aceptó los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias. En su declaración, Ortiz aseguró que confía en que su defensa podrá demostrar su inocencia en las próximas audiencias.
Lo que está en juego
El caso de Sandra Ortiz es uno de los capítulos más relevantes dentro del contexto de corrupción que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las investigaciones han puesto bajo la lupa a varios altos funcionarios, revelando una presunta red de movimientos financieros irregulares que involucra a entidades clave y a líderes políticos de alto rango.
Mientras tanto, la audiencia del próximo martes será decisiva para determinar si Ortiz es enviada a prisión mientras avanza el proceso judicial o si podrá continuar defendiéndose en libertad.
¿Avances contra la corrupción o fragilidad de la justicia?
La situación de Sandra Ortiz refleja dos realidades en el panorama judicial colombiano. Por un lado, la importancia de avanzar en los casos de corrupción para recuperar la confianza en las instituciones públicas. Por otro, los cuestionamientos sobre la suficiencia y contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que podrían ser un punto débil en el caso.
El desenlace de este proceso será crucial no solo para la exfuncionaria, sino también para el gobierno, que enfrenta uno de los mayores escándalos de su administración.
Y.A.
