El ambicioso proyecto de la cárcel de Yarumal, iniciado durante el mandato de Luis Pérez, se transformó en un «elefante blanco», costando millones de pesos y dejando en evidencia malas gestiones.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En el año 2018, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, impulsó la construcción de una cárcel agrícola en el municipio de Yarumal, con el objetivo de aliviar el hacinamiento carcelario que afecta a la región. Sin embargo, el proyecto, que estuvo marcado por dificultades administrativas y constructivas, se ha convertido en uno de los más notorios casos de obras inconclusas en el país, siendo catalogado como un «elefante blanco».
La historia de esta cárcel comenzó con grandes expectativas. En enero de 2018, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adquirió un terreno por 8.500 millones de pesos en Yarumal. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en aparecer. A pesar de las advertencias previas de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que sugirieron la dificultad de adaptar una estructura existente para convertirla en una cárcel, las autoridades decidieron seguir adelante con el proyecto.
Viva fue el punto de caída del proyecto
A través de un acuerdo relacionado con el convenio de Cooperación N° 393 de 2017, la empresa de vivienda departamental de Antioquia (Viva), bajo la administración de la abogada Lina Marcela García Gañan, fue encargada de llevar a cabo el diseño y ejecución del proyecto del Centro Agroindustrial Modelo de Intervención Social (Camis) en Yarumal. Para ello, Viva contrató a la firma consultora Ingeniería Básica S.A.S., dirigida por Cristina Oliveros Zapata, quien se encargó de realizar el análisis técnico necesario para el proyecto.
El estudio de la firma Ingeniería Básica concluyó que la estructura existente en el predio conocido como La Herradura, que se utilizaría en el Camis, no cumplía con los requisitos técnicos para realizar reparaciones o reforzarla. El informe indicó que la edificación no podía ser rehabilitada y que construir una estructura externa para reforzarla no era una opción viable desde el punto de vista técnico ni económico. El costo de este informe fue de $81.420.537.
A pesar de este diagnóstico desfavorable, Viva continuó con el proyecto, firmando varios contratos adicionales. Uno de ellos fue el Contrato N° 191/2018, suscrito el 12 de marzo de ese año con Mario Palacio Chamat. Este contrato tenía como objetivo realizar obras de cerramiento perimetral de seguridad, ampliación de la vía, demolición y trabajos de topografía en el terreno del Camis en Yarumal, con un presupuesto de $2.023.207.406, IVA incluido.
Asimismo, el 1 de noviembre de 2018, se celebró otro contrato con la empresa Serac, relacionado con la prestación de servicios de vigilancia para el proyecto. En total, Viva desembolsó más de $2.350 millones para la realización de la colonia agrícola, a pesar de los serios problemas estructurales mencionados en el informe de Ingeniería Básica. Sin embargo, a pesar de estos pagos, las obras fueron suspendidas en 2019, dejando el proyecto detenido y sin concluir.
El nacimiento de un nuevo elefante blanco
El 28 de enero de 2019, la Uspec expresó inquietudes sobre la gestión realizada por Viva, señalando que el informe relacionado con el proyecto presentaba deficiencias en el Modificatorio N° 1 del convenio derivado del Convenio Marco 393 de 2017. Según el comunicado oficial, había vacíos significativos en la redacción de los términos del acuerdo, particularmente en lo referente a los estudios y diseños requeridos para llevar a cabo el proyecto, la cuantificación de los mismos y la entidad responsable de su elaboración y financiación.
A pesar de estos señalamientos, en marzo de 2019 se firmó una prórroga con la intención de tratar de salvar el proyecto. Sin embargo, esta medida no logró evitar la suspensión definitiva de las obras, que se concretó el 12 de abril con la declaración de un paro indefinido en la ejecución del proyecto. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2019, el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, solicitó la liquidación formal del proyecto. Así, lo que comenzó como una ambiciosa iniciativa terminó por convertirse en una obra inconclusa, con los recursos invertidos en un proyecto que no llegó a materializarse: «una cárcel de papel».
En respuesta a esta situación, el gobierno de Pérez solicitó la terminación del contrato, pero las dificultades continuaron. Aunque algunos funcionarios, como el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, intentaron reactivar el proyecto, las trabas burocráticas y las disputas entre las entidades involucradas llevaron a la solicitud formal de liquidación del contrato en 2020.
Irregularidades en la adquisición del terreno y sobrecostos marcaron el fracaso del proyecto
Una de las mayores controversias en torno a este proyecto fue la diferencia de avalúos del terreno, que variaron entre 8.780 millones y 10.650 millones de pesos, lo que despertó sospechas sobre la transparencia en la adquisición del predio. Además, se evidenció el gasto de más de 2.353 millones de pesos en estudios y cerramientos que no estaban debidamente autorizados por el presupuesto original.
A pesar de las promesas de algunos funcionarios, como la ministra de Justicia de entonces, Margarita Cabello, el proyecto fue finalmente abandonado. La Contraloría General de la República incluyó esta obra en sus listas de «elefantes blancos», señalando múltiples irregularidades y hallazgos administrativos que han sido objeto de investigación.
En síntesis, el caso de la cárcel de Yarumal es un claro ejemplo de las falencias en la gestión pública y de cómo la falta de planificación y transparencia puede llevar a la pérdida de millones de pesos. La falta de una estructura adecuada, los problemas de coordinación entre las entidades responsables y la corrupción en las tasaciones iniciales han convertido este proyecto en un símbolo de las deficiencias en el sector público. Mientras tanto, la población sigue esperando una solución para el problema del hacinamiento carcelario, que persiste como una de las principales preocupaciones en Colombia.
Y.A.
