El ente de control cuestiona un aparente incumplimiento de los procedimientos legales en la designación de los interventores.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado explicaciones formales a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la reciente designación de interventores en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) administradas por el Gobierno Nacional.
Según el organismo de control, esta decisión podría haberse apartado del procedimiento normativo establecido, lo que genera serios cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.
En un comunicado dirigido a la Supersalud, la Procuraduría subrayó que, aunque la designación de interventores puede ser discrecional, no debe realizarse de manera arbitraria.
«Aunque la medida de designación es discrecional, no puede adoptarse de forma arbitraria ni sin justificación», afirmó el Ministerio Público. Por ello, se exigió que se expliquen los fundamentos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad detrás de las decisiones tomadas.
El ente de control recordó que el procedimiento normativo estipulado en la ley y sus modificaciones establece que estas designaciones deben realizarse exclusivamente a partir de candidatos previamente evaluados y recomendados en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores.
Este registro, diseñado para garantizar la transparencia en los procesos de selección, incluye perfiles adecuados para entidades de salud como Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud.
No obstante, en el caso actual, la Supersalud habría optado por apartarse de dicho mecanismo. Ante esto, la Procuraduría cuestionó las razones detrás de esta decisión y solicitó que se explique si el registro carecía de perfiles idóneos o si existieron criterios que justificaran dicha elección. Además, pidió aclarar por qué se tomó una medida discrecional en un asunto tan sensible.
El organismo señaló que, aunque el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo permite decisiones discrecionales, estas deben fundamentarse en criterios objetivos.
«Las facultades de la administración no pueden ser absolutas y deben estar basadas en criterios objetivos», puntualizó la Procuraduría, dejando en claro que este tipo de decisiones requieren un soporte técnico y jurídico que respalde su legitimidad.
Como parte del requerimiento, la Procuraduría solicitó con carácter urgente toda la documentación que sustente las decisiones tomadas, incluidos los fundamentos técnicos, jurídicos y evaluaciones realizadas para designar a los interventores. Asimismo, exigió información sobre los soportes utilizados para justificar la aparente desviación del procedimiento reglamentario.
Finalmente, la Supersalud cuenta con un plazo de tres días hábiles para presentar los documentos requeridos y disipar las dudas que se han generado en torno a esta decisión. Este caso ha encendido las alarmas respecto a la gestión de los interventores en un sector tan crucial como la salud, donde las garantías de transparencia y legalidad son fundamentales para mantener la confianza pública.
Así las cosas, el sector salud enfrenta desafíos significativos, y cualquier irregularidad en la selección de interventores puede minar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el acceso y la calidad de los servicios médicos.
Este llamado de atención es una oportunidad para que la Supersalud no solo aclare su actuación, sino también fortalezca los procesos de selección, asegurando que estos estén guiados por principios de objetividad y legalidad.
Y.A.
