Después de cuatro días de intensas negociaciones, las comunidades indígenas emberá chamí y emberá katío del departamento de Risaralda lograron alcanzar acuerdos históricos con el Gobierno Nacional. Los pactos, que abarcan áreas clave como tierras, educación, salud y vivienda, buscan garantizar el bienestar y desarrollo de estas comunidades hasta el año 2027.
La mesa de diálogo, liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y con la participación de 13 instituciones del Estado, destacó la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones rápidas y efectivas.
RETORNO A SUS TERRITORIOS
Uno de los avances más importantes fue la garantía del retorno seguro de las comunidades emberá a sus territorios ancestrales. Asimismo, se fortalecerá el Programa de Acceso a Tierras, con compromisos concretos como la constitución del Resguardo Indígena Embera Chami de Guática y la ampliación del Resguardo Kurmadó de Marsella. Para 2025, se priorizará la formalización de territorios en Mistrató, mediante una Mesa Técnica que dará seguimiento a los acuerdos.
MEJORAS EN EDUCACIÓN Y SALUD
En el ámbito educativo, se construirán Proyectos Educativos Comunitarios y se realizarán visitas a sedes indígenas para identificar necesidades y capacitar a docentes. En salud, se implementará una red de atención integral, se reforzarán los Equipos Básicos de Salud y se destinarán recursos a proyectos enfocados en salud mental y reproductiva.
PROGRAMAS DE VIVIENDA
Para mejorar las condiciones de habitabilidad, se trabajará en la implementación de programas articulados con diversas entidades públicas que permitan soluciones adecuadas a las necesidades de estas comunidades.
UN DIÁLOGO HISTÓRICO
Representantes de las comunidades destacaron el diálogo respetuoso y la respuesta del Gobierno a sus necesidades, calificando este retorno como un paso hacia la recuperación de su autonomía y bienestar. Desde la ANT, señalaron que este proceso demuestra que es posible construir consensos armoniosos entre las instituciones y las comunidades indígenas.
El acuerdo marca un hito en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas del país, reafirmando el compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables.
