Una nueva polémica sacude al Gobierno de Gustavo Petro tras las declaraciones de María Alejandra Benavidez, exasesora del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En su testimonio ante la Fiscalía, Benavidez señaló que Bonilla estaba al tanto de un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el cual se desviaron contratos por 93 mil millones de pesos.
El esquema habría beneficiado a contratistas vinculados a congresistas, con el objetivo de asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento internacional. Según Benavidez, ningún movimiento se realizaba sin la autorización directa del ministro.
Además, la exasesora mencionó que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también estaba al tanto de estos manejos, lo que amplía las ramificaciones del escándalo. Estas acusaciones coinciden con las declaraciones previas de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes también implicaron a los altos funcionarios en las irregularidades.
La presunta «compra» de congresistas habría comenzado en diciembre de 2023, según reveló Benavidez. Mientras tanto, Ricardo Bonilla, al ser consultado, indicó que no haría declaraciones sobre el tema, y Velasco afirmó que no intervino directamente en las gestiones relacionadas con el cupo de endeudamiento.
Este caso pone en el centro de atención la gestión financiera del Gobierno y deja abiertas preguntas sobre la responsabilidad de sus funcionarios en la aprobación de créditos internacionales, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones.
