El anuncio del gobierno nacional sobre la instalación de una caseta de peaje en el corregimiento genera polémica y preocupación en los sectores sociales del Atlántico.
La propuesta del gobierno nacional de instalar una caseta de peaje en el corregimiento de Arroyo de Piedra ha provocado una fuerte oposición por parte de diversos sectores sociales de la región.
La medida, que afecta directamente a los municipios de Sabanalarga y Luruaco, ha encendido el debate sobre sus posibles repercusiones en la economía local y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Enildo Altamar, reconocido dirigente social de Arroyo de Piedra, fue uno de los principales voceros del rechazo. Según su testimonio, la construcción de la caseta de peaje está prevista en un terreno del municipio de Sabanalarga, lo que agrava aún más el malestar entre la comunidad.
En sus declaraciones, Altamar subrayó que el impacto económico de esta decisión no solo afectaría a Sabanalarga y Luruaco, sino que extendería sus efectos a todo el departamento del Atlántico. «Ese peaje va a afectar la economía no solo de Sabanalarga y Luruaco, sino también de todo el departamento», expresó con preocupación.
En este contexto, el dirigente social hizo un llamado a las autoridades locales y regionales para que se pronuncien sobre este polémico proyecto. En particular, Altamar solicitó al alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, que dé a conocer su posición frente a la instalación de la caseta de peaje en su municipio.
«Sabemos que se ha sostenido varias reuniones y queremos conocer su pronunciamiento», insistió Altamar, evidenciando la necesidad de un pronunciamiento claro y directo de las autoridades municipales.
Asimismo, el dirigente social pidió a los diputados del Atlántico que se expresen públicamente sobre la construcción del peaje, considerando que la decisión podría afectar a toda la región.
«Exigimos que los diputados se pronuncien sobre este tema que está generando tanto malestar entre los ciudadanos», afirmó, destacando la importancia de la participación de los representantes políticos en la toma de decisiones que impactan a la comunidad.
La oposición al peaje se centra en las consecuencias económicas que se prevé tendrá sobre los pobladores de Arroyo de Piedra y las poblaciones vecinas, quienes temen que esta nueva carga financiera afecte el comercio y transporte en la zona. La comunidad también cuestiona la falta de consulta previa sobre un proyecto que involucra directamente a los habitantes locales.
Por su parte, las autoridades nacionales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las solicitudes de los habitantes de Arroyo de Piedra y sus alrededores, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Sin embargo, los residentes del corregimiento siguen luchando por ser escuchados y por defender sus derechos ante las posibles consecuencias de este anuncio.
Y.A.
