La red de oficinas de Supergiros en la región Caribe ha sido blanco de una serie de ataques y amenazas durante todo el mes de noviembre, una situación que ha encendido las alarmas en el país.
La empresa, que opera en 25.000 puntos de atención a nivel nacional, ha sufrido extorsiones por parte del Clan del Golfo, el grupo paramilitar con fuerte presencia en la zona. Las amenazas han sido cada vez más agresivas, con el objetivo claro de presionar a la empresa para que ceda a sus demandas.
El 4 de noviembre, un trágico asesinato ocurrió en el municipio de Bosconia, Cesar, cuando un sicario asesinó a una trabajadora de Supergiros frente a dos clientes aterrados. Desde entonces, otros ataques se han sucedido en municipios como Luruaco y Barranquilla, dejando heridos a empleados y causando pánico en la comunidad. A lo largo de este mes, ya son 14 oficinas baleadas, según las cifras reportadas por Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal.
Extorsión y cierre temporal de oficinas
Supergiros ha recibido amenazas constantes a través de panfletos que ordenan el cierre de sus puntos de atención en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira.
Frente a esto, Andrés Carreño asegura que estas amenazas tienen un claro fin extorsivo, pues el Clan del Golfo busca obtener dinero de manera ilegal de una de las empresas que maneja grandes sumas de efectivo, debido a su función como corresponsal de varios bancos en el país. Ante la creciente violencia, la empresa se ha visto obligada a cerrar temporalmente más de 3.000 puntos de atención en la región Caribe.
La situación ha afectado gravemente a las comunidades más vulnerables, quienes dependen de Supergiros para realizar pagos, recibir subsidios o simplemente acceder a servicios bancarios en zonas donde la red financiera es limitada. «Nuestra red de 1.100 municipios llega donde no llega la banca privada. Somos corresponsales de prácticamente todos los bancos, y cerrar nuestras oficinas afecta a los colombianos más humildes», destacó Carreño en una entrevista con un medio nacional.
Todo un desafío para el Estado y la seguridad en la región
El Clan del Golfo, conocido por su involucramiento en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, ha expandido su accionar hacia la extorsión de empresas, una práctica que ya se ha convertido en una constante en varias regiones del país. Sin embargo, lo que distingue a este caso es la visibilidad pública de las amenazas, lo que obliga al Gobierno a tomar medidas más efectivas.
El Gobierno se moviliza para proteger a los empleados de Supergiros
Ante la creciente amenaza, el Gobierno Nacional ha establecido contacto con Supergiros para coordinar una respuesta inmediata que garantice la protección de sus empleados y las oficinas afectadas. Además, la defensora del Pueblo ha hecho un llamado especial para proteger a las trabajadoras de la empresa, muchas de las cuales se encuentran solas en los puntos de atención, exponiéndose a grandes riesgos.
Lo ocurrido con Supergiros es una clara muestra de la compleja situación de seguridad que enfrentan muchas empresas en Colombia, especialmente en regiones con alta presencia de grupos armados ilegales. Este caso no solo pone en peligro la operación de una empresa de servicio público, sino que también amenaza la estabilidad económica de miles de colombianos que dependen de estos servicios para sobrevivir.
La respuesta del Estado será clave para evitar que más empresas se vean obligadas a ceder ante la extorsión de grupos criminales y garantizar la seguridad de la población más vulnerable en las zonas afectadas.
