Un nuevo escándalo de corrupción sacude al país, esta vez vinculado a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las investigaciones apuntan a que la entidad, que debería velar por la seguridad de las comunidades más vulnerables, fue utilizada como un instrumento para canalizar sobornos por un total de $3.000 millones.
Ortiz, quien se ve en el centro de la polémica, se defiende argumentando que ha sido víctima de una conspiración diseñada por altos funcionarios de la Casa de Nariño. Asegura que su involucramiento en el caso busca desviar la atención de escándalos más graves, pero las pruebas en su contra parecen desmentir esta versión.
El dinero, transportado en un maletín, tenía como propósito asegurar apoyo para reformas en el Congreso, no para ayudar a las regiones más necesitadas, como se había declarado originalmente. Esto ha generado una ola de indignación, ya que el soborno fue un descaro ante la situación de pobreza en lugares como La Guajira.
En su defensa, Ortiz niega cualquier implicación directa en los sobornos, insistiendo en que su relación con el senador Iván Name era meramente amistosa. Sin embargo, la Fiscalía la señala como la pieza clave en la red de sobornos. Mientras tanto, ella continúa con su estrategia mediática, prometiendo que revelará los nombres de otros funcionarios corruptos que, según ella, están involucrados en esta trama.
A pesar de las denuncias y la creciente presión, queda la incertidumbre sobre si las autoridades actuarán con firmeza o si, como ha ocurrido en otros casos, los implicados quedarán impunes. Este escándalo reitera la necesidad de un cambio profundo en el manejo de los recursos públicos y en el sistema de justicia del país.
