La designación de 18 exjefes paramilitares, entre ellos Hernán Giraldo, desata polémica por revictimizar a mujeres y niñas, mientras enfrenta demandas en el Consejo de Estado.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La decisión del Gobierno Nacional de nombrar como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares continúa generando un intenso debate en Colombia. La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su rechazo rotundo a esta medida, advirtiendo que esta no solo pone en riesgo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, sino que también “revictimiza a quienes han sufrido las atrocidades de estos criminales”.
En particular, Cabello mostró su indignación por la designación de Hernán Giraldo Serna, conocido como alias El Taladro, quien ha sido condenado por una amplia serie de delitos sexuales contra niñas en las zonas donde operaron grupos paramilitares. Según la procuradora, “de depredador sexual a gestor de paz. Esta designación ofende, revictimiza y no contribuye en forma alguna a la consecución de la paz. Los derechos de las mujeres y niñas deben ser reconocidos y garantizados en todo momento”.
La polémica se intensificó con la resolución No. 453 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual el Gobierno nombró como gestores de paz a excomandantes de los grupos paramilitares. Entre los beneficiados se encuentran figuras ampliamente señaladas por delitos de lesa humanidad, como masacres, violaciones y desplazamientos forzados. Nombres como Carlos Mario Jiménez (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Salvatore Mancuso, han vuelto a ser el centro de la atención pública por su inclusión en este listado.
La congresista Katherine Miranda decidió llevar el caso al Consejo de Estado, al considerar que estas designaciones vulneran los derechos de las víctimas. En su demanda de nulidad, destacó que la medida favorece a criminales como Giraldo, responsable de más de 200 violaciones; Héctor Vitrago, líder de masacres; y Heberth Veloza (HH), acusado de más de 3.000 asesinatos. “Esta decisión contradice la ley, otorgando beneficios a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y quebrantando los principios básicos que sostienen el proceso de paz en Colombia”, señaló Miranda.
Por su parte, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, también presentó una demanda contra esta resolución, argumentando que tergiversa el concepto de paz estipulado en la Constitución. Según Ruiz, la decisión prioriza a los victimarios sobre la reparación integral de las víctimas. “La construcción de paz en Colombia debe estar enmarcada en el respeto pleno a las garantías de quienes han sido afectados por el conflicto”, afirmó en sus redes sociales.
Entre los críticos, se cuestiona cómo medidas de este tipo contribuyen realmente a una paz sostenible y si representan un retroceso en la lucha por la dignidad de las víctimas. Mientras tanto, el debate también se centra en la capacidad del Gobierno de Gustavo Petro para manejar procesos de reconciliación sin reabrir heridas en un país marcado por décadas de conflicto armado.
Hernán Giraldo: De líder paramilitar a «gestor de paz» en la controversia de la reconciliación en Colombia
Hernán Giraldo, conocido por su alias Taladro, es una figura central en la historia reciente de la violencia en Colombia, especialmente en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nacido en Pácora, Caldas, Giraldo se unió al narcotráfico y al paramilitarismo a finales de los años 80, trabajando inicialmente con el Cartel de Medellín, donde estuvo involucrado en actividades ilícitas como la venta de marihuana y la creación de escuadrones de «limpieza social». Su carrera criminal estuvo marcada por la violencia extrema y una serie de abusos sexuales, que lo convirtieron en uno de los paramilitares más temidos de la región.
Giraldo lideró el Bloque Resistencia Tayrona, que fue responsable de innumerables crímenes, entre ellos masacres y abusos sexuales, especialmente contra niñas. Se estima que fue el responsable de violaciones a más de 200 menores, algunos de los cuales ocurrieron desde principios de los años 80. Su violencia fue sistemática y su poder absoluto, con relatos que detallan cómo utilizaba su influencia para mantener un harén de jovencitas, a quienes mantenía bajo amenaza de muerte. A lo largo de su reinado de terror, Giraldo también se hizo conocido por su capacidad para sobrevivir a intentos de asesinato y por su figura de «señor feudal», que controlaba grandes áreas del Magdalena.
En 2005, después de años de criminalidad, Giraldo se sometió a la Ley de Justicia y Paz, que permitió su desmovilización y condena. Sin embargo, su legado de violencia no terminó allí. Tras cumplir parte de su condena en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde continuó enfrentando cargos por sus crímenes.
Actualmente, Giraldo es una de las figuras más controvertidas en el contexto de la paz en Colombia. En 2024, fue incluido por el gobierno de Gustavo Petro entre los gestores de paz, una designación que ha generado una fuerte oposición debido a su historial de crímenes atroces. Organizaciones de derechos humanos y políticos han rechazado esta designación, argumentando que revictimiza a las víctimas de sus crímenes y socava los esfuerzos por lograr una paz sostenible.
¿Reconciliación o revictimización?
El nombramiento de exjefes paramilitares como gestores de paz plantea preguntas profundas sobre el balance entre la reconciliación y la justicia. Aunque algunos defienden estas medidas como parte de un camino hacia la pacificación, es claro que las víctimas deben ocupar el centro de las decisiones. El caso de Hernán Giraldo, por ejemplo, expone los límites de lo tolerable, especialmente cuando se trata de delitos tan graves como el abuso sexual contra menores.
Para garantizar un verdadero proceso de paz, es esencial construir confianza en las instituciones, priorizar la reparación a las víctimas y evitar decisiones que, lejos de sanar, profundicen la división social.
Y.A.
