El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha afirmado que, en caso de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a España, el gobierno español cumplirá con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Albares subrayó que, como país fundador del Estatuto de Roma, España tiene la obligación de acatar las decisiones de la CPI.
La Corte emitió órdenes de captura el 21 de noviembre contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, a quienes se les acusa de crímenes de guerra por la ofensiva militar israelí en Gaza. Ante esta resolución, Netanyahu ha manifestado su intención de apelar la medida, considerando que la orden carece de base legal y fáctica.
En su comparecencia, Albares también anunció que España incrementará su contribución financiera a la CPI con una donación de 1,6 millones de euros, sumando más de ocho millones desde el año anterior. Esto posiciona a España como uno de los principales contribuyentes a la Corte.
En paralelo, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hizo un llamado a la UE para que pase de medidas «persuasivas» a «coercitivas» contra Israel, mientras rechazaba las acusaciones de antisemitismo en relación con la medida de la CPI, destacando que se trata de buscar justicia internacional.
