En diálogo con Diario La Libertad, el abogado y exfuncionario de la Gobernación del Atlántico Guillermo Polo Carbonell aseguró que para enfrentar el vertiginoso aumento de la violencia en el departamento y otras zonas del país se hacen necesarias mayores acciones por parte del Estado colombiano en su conjunto, entre ellas el desmantelamiento de grupos de crimen organizado.
De acuerdo con el líder, la seguridad ciudadana se afecta en dos ámbitos, siendo el primero de estos en el que se encuentran acciones de tipo ordinario como los hurtos en sus diferentes modalidades, en lo cual los gobernadores y alcaldes tienen la responsabilidades más próximas que deben ser atendidas con mayor pie de fuerza y mejores elementos tecnológicos.
Según lo explicó, el segundo ámbito, “que es el que hoy golpea gravemente la seguridad ciudadana en materia de criminalidad y violencia, es el que proviene del crimen organizado que a través de diversas economías ilegales como el narcotrafico, el micro tráfico y la extorsion, generan enormes cantidades de dinero, que desborda las capacidades locales y que no se puede esperar que se atiendan atiendan con labores de policía de vigilancia, sino con capacidades de instituciones que por competencia legal y administrativa, están fijadas en entidades del orden nacional”, detalló.
En palabras del exsecretario del Interior, el reto que la problemática impone debe tener como respuesta la concentración de esfuerzos en temas que pasan desde reformas al sistema penal acusatorio, la política criminal y el sistema penitenciario.
Precisó Polo Carbonell, que el primer eje de acción sería una reforma integral al sistema penal acusatorio o código de procedimiento penal.
“Con este propósito cursa hoy un proyecto de reforma que si bien no es integral, aborda reformas que apuntan a la descongestión de los despachos penales a través de implementar la justicia premial y una mayor aplicación del principio de oportunidad con el propósito de lograr sentencia más prontas. Además le entrega funciones jurisdiccionales a personas naturales y jurídicas distintas a jueces”, explicó.
En ese sentido, detalló que además es fundamental aumentar los recursos que se le entregan a la justicia a través del Consejo Superior de la Judicatura, para principalmente aumentar el número de operadores judiciales, entre ellos los jueces de conocimiento, de control de garantías, y otros con misiones especiales como las destinadas a la extinción de dominio de bienes provenientes de las economías ilegales, así como el aumento significativo del número de despachos de Fiscalía.
“Para esto, debe el Gobierno Nacional con el concurso del Consejo Superior de la Judicatura, presentar un proyecto de presupuesto que realmente sea suficiente y demuestre que la justicia es realmente una prioridad hoy en el gasto público”, indicó.
La segunda acción que según Carbonell se hace necesaria, es orientar la política criminal para diseñar una política coherente y articulada con ese propósito de manera prioritaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata del instrumento del Ministerio de justicia que integra a varias instituciones del Estado; Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, organismos de inteligencia y organismos dedicados a perseguir el lavado de activos, entre otras.
Como tercer elemento, el líder mencionó la importancia de reformar el sistema penitenciario, esto ya que las cárceles en Colombia deben ser centros para personas privadas de la libertad que no puedan seguir delinquiendo dentro de ellas, “pero que además deben contar con espacios que acaben con el hacinamiento y permitan espacios para aplicar metodologías de justicia restaurativa que bajen la reincidencia que hoy es altísima”, puntualizó.
Finalmente, el abogado aseguró que las anteriores son decisiones del propio Estado. “Sería muy importante que las autoridades locales se unan en el propósito de reclamarle al Estado estos fines y participar en las discusiones”, concluyó.
