Más de dos semanas después del paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba, los habitantes de las zonas más afectadas en la provincia de Artemisa siguen lidiando con serias carencias. En Playa Guanímar, un pequeño pueblo costero, el pescador de 75 años Orlando Moreno fue uno de los primeros en regresar a su hogar, solo para encontrar que lo único que quedaba de su vivienda eran escombros. El impacto emocional fue tan fuerte que debió ser hospitalizado debido a una subida en su presión arterial.
A pesar de las imágenes difundidas por medios estatales mostrando al presidente Miguel Díaz-Canel en zonas afectadas, los habitantes de las comunidades devastadas aseguran sentirse ignorados. Los residentes como Moreno y sus vecinos, muchos de ellos también de la tercera edad, reportan que no han recibido visitas de autoridades para coordinar ayuda o brindar asistencia. “Nos sentimos olvidados”, asegura Marisol Valle, una vecina, quien critica la falta de atención gubernamental tras la llegada de una comitiva oficial que, según ella, solo tomó fotos sin interactuar con los damnificados.
El impacto del huracán, que tocó tierra con categoría 3, dejó severos daños en las viviendas y la infraestructura de la región, lo que complicó aún más la situación, especialmente en áreas rurales. A día de hoy, alrededor del 15% de la provincia de Artemisa sigue sin electricidad, lo que agrava la vida cotidiana de los afectados. A pesar de los esfuerzos por restaurar el servicio, la situación sigue siendo crítica.
Además de la falta de servicios básicos, como la electricidad y el agua potable, la escasez de alimentos ha exacerbado la crisis. Los residentes se quejan de la falta de productos esenciales en las tiendas y la imposibilidad de acceder a alimentos básicos. Antonio González, un habitante local, denuncia que no se han entregado suministros adecuados, como leche para los niños y pan, lo que agrava aún más el sentimiento de abandono.
La situación también ha puesto en evidencia las dificultades económicas que atraviesa Cuba, con un sistema de respuesta estatal que, según muchos afectados, no ha sido suficiente para hacer frente a las consecuencias de este desastre natural.
