El recurso fue interpuesto por la representante Katherine Miranda.
El Consejo de Estado determinó aceptar para su estudio una demanda interpuesta por la congresista Katherine Miranda en contra de la resolución por medio de la cual el Gobierno Nacional designó como gestores de paz a 18 excomandantes de la autodefensas.
En el documento se estipula lo siguiente:”admitir la demanda promovida por la señora Luvi Katherine Miranda Peña, en contra del artículo 1 de la Resolución nro. 453 del 8 de noviembre de 2024, «por la cual se designan gestores de paz a unos exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC y se dictan otras disposiciones», proferida por el
presidente de la República”.
De igual forma, se ordenó vincular por
tener interés directo en las resultas del proceso a Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Álzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán
Buitrago Parada.
En el documento, Miranda, expresó que el acto
administrativo no solo pone en riesgo la memoria de las víctimas, sino que también abre un precedente preocupante sobre el tratamiento jurídico de quienes han cometido crímenes atroces.
Precisó en esa línea, que en “todas las situaciones en que entren en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá dárseles prelación a aquellos. Lo cual resulta pertinente si se tiene en cuenta que en la resolución citada se está designando a personas que han cometido delitos graves contra niños y niñas, no solo delitos de lesa humanidad, sino además delitos sexuales en los cuales han sido reincidentes”, expresó.
Al respecto, el congresista indicó que la decisión del Consejo de Estado permite revisar si la Presidencia actuó correctamente al nombrar como gestores de paz a exmiembros de las autodefensas, además, “dado que estos nombramientos están vinculados al proceso de paz, el Consejo de Estado podría evaluar si respetan los derechos de las víctimas”, indicó la legisladora.
