El presidente rechazó la decisión de la Procuraduría y defendió los derechos democráticos del exconcejal de Medellín.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El presidente Gustavo Petro calificó como una «persecución política» la reciente inhabilidad de ocho años impuesta por la Procuraduría General de la Nación al exconcejal de Medellín, Juan Carlos Upegui. La medida, ratificada por el propio Upegui, ha generado reacciones en diferentes sectores políticos, especialmente por el rechazo expresado por el mandatario a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).
Petro aseguró que la decisión vulnera derechos fundamentales: «Nadie puede perder derechos políticos en Colombia por decisión administrativa y menos por ser hijo de un profesor que temporalmente fue rector», afirmó. Según el jefe de Estado, esta sanción se inscribe en un intento por sacar al progresismo de los espacios democráticos. Enfatizó: «Desde mi Gobierno no sacarán al progresismo ni a la fuerza ni con piruetas de los derechos de la democracia.»
El fallo que inhabilita a Upegui
La Procuraduría General de la Nación anunció la inhabilidad que prohíbe a Juan Carlos Upegui ejercer cualquier cargo público durante los próximos ocho años. Esta decisión tiene su origen en el fallo del Consejo de Estado, que previamente le había hecho perder su curul como concejal de Medellín. En aquel momento, Upegui representaba al movimiento Independientes, actuando como una de las voces opositoras a la actual administración de la ciudad.
De acuerdo con el fallo, Upegui incurrió en una irregularidad al postularse como candidato a la Alcaldía de Medellín, pese a que su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, ocupaba un cargo administrativo como rector de un colegio público de la ciudad. Esta situación se consideró una violación a las normas electorales que buscan garantizar imparcialidad en el ejercicio de cargos públicos.
Reacciones desde el progresismo y la oposición
La inhabilidad ha encendido el debate sobre la independencia y el uso de las instituciones para sancionar a miembros de sectores políticos específicos. Para Petro y sus aliados, la medida refuerza la idea de que existe una estrategia sistemática para debilitar al progresismo, especialmente a figuras que representan oposición en territorios clave como Medellín.
Por otro lado, sectores críticos del Gobierno argumentan que la decisión de la Procuraduría responde únicamente a la aplicación de la ley electoral, sin tintes políticos. En este sentido, recalcan que Upegui debió prever que su aspiración a la Alcaldía podría configurarse como un conflicto de intereses dado el cargo de su padre.
¿Persecución o aplicación de la ley?
El caso de Juan Carlos Upegui pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el alcance de las sanciones administrativas frente a los derechos políticos. Por un lado, algunos sectores consideran que decisiones como esta podrían estar influenciadas por intereses políticos, lo que comprometería la legitimidad de las instituciones encargadas de regular los procesos democráticos.
Sin embargo, otros analistas destacan que estas sanciones buscan evitar que se vulneren las normas electorales y éticas, necesarias para garantizar un proceso transparente. En el caso de Upegui, la relación administrativa de su padre pudo haber generado un conflicto, violando las disposiciones legales.
Lo cierto es que esta polémica no solo refleja una pugna ideológica entre el Gobierno y sus opositores, sino que también evidencia la necesidad de revisar las normativas para evitar confusiones o interpretaciones políticas de las sanciones administrativas.
Y.A.
