Por: Amylkar Acosta
Tanto el Gobierno como el Congreso de la República deben ser conscientes que el reajuste del gravamen al carbono, propuesto en el proyecto de ley de financiamiento radicado por el Ministro de Hacienda para su trámite, se convierte en un mayor costo que lo terminarán pagando quienes estén al final de la cadena, ya que quien paga el impuesto termina trasladándolo.
Según la propuesta original, se estima que elevaría en $425 por galón para la gasolina y $488 por galón para el diésel, teniendo en cuenta el actual porcentaje de mezcla con alcohol y biodiésel de 10%.
Al usuario final del servicio de energía oscilaría entre $28 a $78 por KWH, para un incremento entre 7 y 9 puntos porcentuales, con respecto a lo dispuesto por la Ley vigente 2277 de 2022, en momentos en que la queja por las altas tarifas viene en aumento.
También se verá impactado el precio y la tarifa del gas tanto para los generadores, los propietarios de vehículos convertidos a gas y a los usuarios de la energía, por el mayor costo del combustible.
El impacto en toda la cadena, de aprobarse la propuesta del Gobierno, que contempla la ampliación de la base gravable y el porcentaje, el impacto sería de un 217%.
Ese incremento que se propone, de pasar del 25% al 75% tiene más un afán fiscalista, incrementando el recaudo por este concepto en $4.2 billones, alcabalero que desincentivo al consumo de combustibles de origen fósil, que sería loable, pues iría en la dirección correcta de propender por la reducción de las emisiones de GEI.
Amylkar David Acosta Medina
