Las Personerías tanto distrital como las municipales, la Procuraduría General de la Nación y la Provincial del Atlántico, deberían intervenir más enérgicamente en un asunto que es de su competencia, el cual consiste en un llamado de atención respecto a una vieja problemática que siempre ha sido causa de protestas entre los usuarios de algunas –no todas– oficinas oficiales.
Este es un fenómeno considerado como un mal endémico, que, al parecer, ha resultado bastante difícil de erradicar; las denuncias que a diario recibimos en LA LIBERTAD se refieren a funcionarios de los mandos medios de algunas entidades gubernamentales y administraciones de diferentes municipios, oficinas de algunas instituciones descentralizadas, en las que la ciudadanía se ve abocada a soportar verdaderas torturas por la carencia de oportuna atención. ¿Y qué decir de las instituciones destinadas a dispensar el servicio asistencial adscrito al sector salud, perteneciente al orden gubernamental?
Entre los representantes del Ministerio Público debería existir mucha atención respecto al incremento de las quejas relacionadas con la falta de atención por parte de muchos empleados oficiales.
Las quejas en ese sentido aumentaron considerablemente en el presente año, según lo indica el informe de la propia Procuraduría, en el que se señala que el conflicto surge a consecuencia de la notable falta de cumplimiento en los horarios laborales.
Esto constituye para los usuarios de muchas entidades oficiales un severo perjuicio, puesto se requiere la realización de diligencias de suma urgencia, que no se pueden llevar a cabo en forma virtual y sufren atrasos por la desidia de muchos empleados, quienes al parecer manejan los horarios de trabajo sin ningún control.
En LA LIBERTAD respaldamos a las mencionadas entidades en este saludable empeño, para que los integrantes de las nóminas oficiales trabajen como debe ser y le den cumplimiento a los horarios establecidos, lo que está ocurriendo se constituye en un pésimo ejemplo.
Según las informaciones obtenidas, se presenta el caso de funcionarios que llegan a trabajar y al poco rato se retiran de su puesto dejando a la gente “viendo un chispero”.
Exteriorizamos nuestra satisfacción de que el “jalón de orejas” que se espera, de los funcionarios que tienen a su cargo el buen funcionamiento de las oficinas, tenga el efecto deseado y se comience a ejercer un mayor control para beneficio de los usuarios.
Consideramos que debe ser obligación de los directivos de las diferentes instituciones aplicar drásticas sanciones a los funcionarios que sean encontrados responsables de esta clase de fallas.
Es menester que se apliquen controles más efectivos sobre los empleados subalternos, para evitar esta situación relacionada con el no cumplimiento de los horarios, que directamente afecta de múltiples maneras a miles de personas.
La falta de atención en los despachos oficiales, en horarios que se supone son de trabajo, no es de ahora ni mucho menos; este es uno de los flagelos que se le atribuyen a la burocracia. Nos parece bien que una entidad como la Procuraduría General de la Nación se haya referido a este tema, porque realmente ya era hora que se escuchara un pronunciamiento al respecto.
Es de esperar, entonces, resultados positivos en lo que sin ninguna duda se debe constituir en una cruzada para que los despachos oficiales se conviertan en modelo de atención y servicio al público como debe ser su finalidad.
