Una normativa ambiental estricta y vacíos legales plantean retos en el registro de vehículos en situación de abandono o decomiso.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La creciente preocupación por las emisiones contaminantes ha llevado a Colombia a adoptar estándares ambientales estrictos como la norma Euro VI, aplicable desde enero de 2023 para vehículos con motor diésel. Sin embargo, una consulta reciente dirigida al Ministerio de Transporte evidencia cómo esta regulación plantea retos específicos para el manejo de vehículos en situación de abandono legal o decomiso. El documento radicado 20231341145621 expone la complejidad de este escenario, donde se entrecruzan requisitos técnicos, procesos administrativos y disposiciones legales para el registro y uso de estos vehículos en el país.
¿Qué dice la normativa?
Según lo estipulado por la Ley 1972 de 2019, todos los vehículos nuevos con motor diésel que se fabriquen, ensamblen o importen al país deben cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes establecidos por la norma Euro VI. Esta regulación busca limitar el impacto ambiental del transporte terrestre en el país, alineándose con estándares internacionales. Sin embargo, el caso de los vehículos en situación de abandono o decomiso, administrados principalmente por la DIAN, presenta un desafío particular.
Estos automotores, como las 19 camionetas Toyota Hilux mencionadas en la consulta, no cumplen con la normativa ambiental vigente por ser originalmente destinadas a Haití, un país sin regulación similar. Estas unidades quedaron en situación de abandono legal y ahora enfrentan restricciones para su registro en Colombia debido a su incumplimiento de la normativa Euro VI y la falta de documentación adecuada, como el certificado de emisiones por prueba dinámica (CEPD).
Disposiciones legales aplicables
El Ministerio de Transporte aclara que los vehículos adjudicados o rematados por la DIAN no requieren cumplir con el certificado de emisiones si no fueron fabricados, ensamblados o importados específicamente para el mercado colombiano. Este criterio se basa en que su entrada al país no sigue las vías regulares de importación o fabricación, eximiéndolos de algunas disposiciones ambientales. Sin embargo, estos vehículos deben garantizar que no representen riesgos para la seguridad vial ni para la salubridad pública.
Por otro lado, el registro de estos automotores puede realizarse utilizando el acta de adjudicación emitida por la DIAN, como lo estipulan los artículos 736 y 749 del Decreto 1165 de 2019, lo cual simplifica algunos procesos. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de cumplir con disposiciones técnico-mecánicas y ambientales antes de circular.
Problemas jurídicos y operativos
El caso de las camionetas Toyota Hilux es representativo de una problemática más amplia: la necesidad de equilibrio entre el cumplimiento de estándares ambientales y la operatividad del sistema de tránsito. Si bien el marco regulatorio busca proteger la salud pública y el medio ambiente, puede limitar el uso de vehículos que, pese a su incumplimiento de Euro VI, podrían ser funcionales bajo ciertas condiciones.
Otro problema identificado es la falta de articulación entre entidades como la DIAN, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Transporte. Según se indica en el documento, la ANLA ha manifestado no ser competente para emitir conceptos sobre estos trámites, lo que deja a los solicitantes en un limbo administrativo.
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Retos y posibles soluciones
El manejo de vehículos en situación de abandono o decomiso evidencia tensiones entre las regulaciones ambientales y la necesidad de aprovechar recursos existentes. La implementación de normas como la Euro VI es crucial para avanzar hacia una movilidad sostenible, pero es necesario flexibilizar los requisitos para vehículos que no ingresaron al país por vías regulares.
Una solución podría ser la creación de un marco normativo específico para estos automotores, que permita su uso temporal o condicionado tras cumplir con inspecciones de seguridad vial y emisiones adaptadas. Además, la coordinación interinstitucional es clave para evitar retrasos y barreras innecesarias en el proceso de registro y aprovechamiento de estos bienes.
Y.A.
