Empresarios y líderes sociales critican la medida por su impacto económico y falta de socialización.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La propuesta de la Gobernación del Cesar para implementar una nueva «Tasa de Seguridad y Convivencia», que se financiaría a través de las facturas de energía eléctrica de Afinia, ha provocado un amplio rechazo entre los habitantes del departamento, especialmente en el sector empresarial y comercial. Esta medida busca recaudar fondos para el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad (Fonset), pero la manera en que sería ejecutada y los montos propuestos han generado fuertes críticas.
El proyecto de ordenanza, presentado ante la Asamblea Departamental, establece un impuesto del 9 % para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y del 10 % para los sectores comerciales e industriales. Según la administración departamental, esta iniciativa pretende fortalecer la seguridad en la región, pero para muchos, sus efectos económicos serían devastadores.
Críticas por el impacto económico
En una región donde ya existe un alto descontento por las tarifas del servicio de energía eléctrica, sumar este nuevo cobro ha levantado preocupaciones entre los empresarios, quienes advierten que los costos residenciales, comerciales e industriales se verían aún más afectados. Este tema adquiere relevancia en ciudades como Valledupar, donde muchas familias y negocios enfrentan dificultades para asumir las elevadas tarifas de energía.
Yiyo Martínez, reconocido líder comunal, expresó en diálogo con un reconocido medio de comunicación nacional, su oposición al proyecto, destacando el impacto negativo que tendría sobre los sectores productivos:
“No podemos aceptar que se nos cobre más impuestos para financiar la seguridad, cuando ya estamos luchando con los altos costos de la energía. Invitamos a los diputados a reflexionar y a echar para atrás este proyecto».
Por su parte, Daniel Daza, otra figura clave en la discusión, calificó la propuesta como «indignante», señalando a dicho informativo que esta agravaría la situación económica en un departamento marcado por altos índices de desempleo y pobreza:
“Este proyecto estrangularía aún más la economía de la región».
Un llamado a la socialización
Desde la Asamblea Departamental, el presidente José Mario Rodríguez Barriga aseguró que no se aprobará la iniciativa sin un proceso de consulta con las comunidades. Según Rodríguez, el diálogo será fundamental para evaluar el impacto de la medida:
“En esta corporación no vamos a aprobar un proyecto sin la debida socialización. Esperamos tener suficiente información para presentar una discusión informada».
Además, el Concejo Municipal de Valledupar se sumó a las críticas, instando al Gobierno del Cesar a buscar alternativas menos gravosas para financiar el Fonset. Representantes del concejo señalaron que cargar más impuestos a los ciudadanos no es la solución, especialmente en un contexto de precariedad económica para muchas familias.
¿Un golpe al bolsillo o una solución necesaria?
La controversia refleja un dilema común en las políticas públicas: equilibrar la necesidad de financiar programas cruciales, como la seguridad, sin imponer cargas desproporcionadas a la ciudadanía. Aunque el objetivo de reforzar la seguridad es legítimo, el mecanismo elegido parece haber descuidado el impacto en la economía local y la percepción de justicia social.
La falta de consulta previa y de alternativas al financiamiento de este fondo demuestra la importancia de procesos participativos en la elaboración de políticas. En una región como Cesar, marcada por desigualdades económicas, una decisión como esta necesita considerar cuidadosamente las capacidades de pago de los sectores afectados y explorar formas más equitativas de recaudación.
Y.A.
