Denuncian que la compra centralizada de ambulancias limita la competencia y afecta la calidad del sistema de salud.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
En Colombia, un nuevo debate ha surgido en torno a los procesos de contratación pública para la adquisición de ambulancias, señalados por un supuesto direccionamiento exclusivo hacia ciertas marcas y proveedores. Según las disposiciones actuales del portal Colombia Compra Eficiente, hospitales públicos, Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), alcaldías, gobernaciones y el Ministerio de Salud solo pueden adquirir vehículos con chasis de la marca Nissan, motor a gasolina y carrocería fabricada por la empresa Carrocera Alfa Ambulancias.
Estas características restringen la participación de otros fabricantes, lo que expertos del sector han calificado como una medida que «no permite la participación de los demás oferentes». Además, el hecho de que estos vehículos únicamente puedan ser adquiridos a través de Distribuidora Nissan S.A., ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y el impacto en la competitividad de las licitaciones estatales.
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Impacto ambiental y limitaciones técnicas
La situación se agrava con la regulación ambiental vigente, que exige que los vehículos comprados por el Estado cumplan con los estándares Euro VI, conocidos por su rigurosidad en la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, en el contexto de las ambulancias, únicamente marcas como Nissan y Toyota cumplen con estas normativas, cerrando aún más las posibilidades para otros oferentes. Este marco regulatorio, impulsado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), busca garantizar la sostenibilidad ambiental, pero plantea interrogantes sobre su aplicación exclusiva en las compras públicas y la poca flexibilidad para considerar alternativas.
Contexto de la norma: Vehículos decomisados y la normativa Euro VI: ¿Barrera para la seguridad vial en Colombia?
Por otro lado, en documentos oficiales, como los radicados por el Ministerio de Transporte, se han identificado casos de vehículos que, pese a cumplir con normativas similares, han sido rechazados para su matriculación por razones como falta de documentación específica o cumplimiento parcial de requisitos. Este contexto pone de relieve la falta de un marco uniforme y equitativo para la adquisición y registro de vehículos oficiales.
Democratizar la contratación pública
Las voces críticas insisten en la necesidad de abrir los procesos de contratación para incluir a más oferentes y garantizar que las adquisiciones no solo se limiten a ciertas marcas o especificaciones técnicas. “Hay que democratizar la contratación pública”, han señalado, argumentando que la inclusión de más competidores podría beneficiar al sistema de salud al garantizar mejores precios y opciones de calidad superior.
En el pasado, exclusiones similares en procesos de compra han llevado a demoras y problemas logísticos en entidades estatales, lo que subraya la importancia de contar con procesos más transparentes y competitivos.
¿Hacia dónde debería ir la reforma?
La controversia pone en evidencia la necesidad de reformar los mecanismos de contratación estatal para garantizar mayor transparencia, inclusión y competitividad. Aunque la regulación busca asegurar estándares de calidad y sostenibilidad ambiental, es crucial que no se convierta en una barrera que beneficie únicamente a unos pocos actores del mercado. La apertura de los procesos permitiría a más empresas participar, lo que repercutiría positivamente en la eficiencia del gasto público y en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.
Además, la incorporación de auditorías independientes para analizar los procesos y las decisiones de compra podría ser una vía para disipar cualquier sospecha de direccionamiento. En un sistema de salud que depende tanto de la capacidad de respuesta oportuna, las ambulancias son una pieza fundamental, y la equidad en su adquisición no solo debería ser un objetivo, sino una prioridad nacional.
Y.A.
