Rosa Idalia Jiménez, presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena, denunció públicamente ser víctima de violencia psicológica, acoso y amenazas, asegurando que intentan silenciarla debido a su rol político y las denuncias que ha realizado en el marco de debates de seguridad en el departamento.
En su cuenta de X (antes Twitter), expresó con contundencia: “Como diputada presidente, mujer política, soy víctima de violencia psicológica. Un feroz depredador busca degradar, dañar y controlar mis actuaciones mediante acoso y amenazas… ¡No van a limitar mi ejercicio político! ¡No me voy a callar!”.
Como diputada presidente de la @AsambleaMagdale mujer política soy víctima de violencia psicológica, un feroz depredador busca degradar, dañar y controlar mis actuaciones mediante acoso y amenazas a lo que reacciona descontrolado por la firmeza de mi determinación, pero… no van…
— Rosita Jiménez (@rositaj2) November 23, 2024
La situación tomó un giro más grave cuando Jiménez reportó haber recibido amenazas directas contra su vida. Según reveló, un sobre con un mensaje intimidatorio y símbolos de violencia fue dejado en el garaje de su residencia. En 2021, enfrentó un hecho similar cuando recibió una corona fúnebre como señal de advertencia. Estos actos, según ella, buscan restringir su derecho a la movilidad y a ejercer sus funciones políticas.
Contexto de las amenazas
Rosa Idalia Jiménez ha liderado debates de seguridad en la Asamblea del Magdalena, donde ha cuestionado la acción de grupos al margen de la ley. Recientemente, señaló públicamente a un exjefe paramilitar, conocido como alias «Tijeras», quien en respuesta la denunció por presuntos delitos de injuria y calumnia. Según Jiménez, estos actores armados ilegales están vinculados a actividades como la extorsión y homicidios en varios municipios del Magdalena.
Además, indicó que durante los debates han participado altos funcionarios, como los comandantes de la Policía Metropolitana y Departamental, así como representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo y líderes sociales. Estas denuncias, asegura, han incrementado el nivel de riesgo al que está expuesta tanto ella como su familia.
Respuesta institucional y solidaridad
El gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, manifestó su respaldo a la diputada y exigió a las autoridades que investiguen los hechos y refuercen las medidas de protección. “Exijo protección y justicia para ella y su familia. Hemos activado la ruta de protección para reforzar su esquema de seguridad”, declaró. Por su parte, Rosa Idalia ha solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de su labor política.
Organizaciones rechazan amenazas contra diputada Rosita Jiménez y periodista en el Magdalena
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada de Santa Marta (PDHAL) ha emitido un pronunciamiento enérgico rechazando las amenazas dirigidas hacia la diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, y el periodista Idinael Fernández. Según la organización, estas intimidaciones representan un grave atentado contra los derechos humanos y la democracia en una región marcada por una profunda inseguridad.
En su comunicado, la PDHAL destacó que la diputada Jiménez ha jugado un papel fundamental al visibilizar los problemas de inseguridad que aquejan al departamento, un trabajo que la ha expuesto a constantes intentos de acoso psicológico y control. Por su parte, el periodista Fernández también ha sido blanco de amenazas de muerte debido a su labor de denuncia, una situación que atenta directamente contra la libertad de prensa, un pilar esencial para cualquier sociedad democrática.
La organización llamó al Gobierno Nacional a actuar con celeridad y firmeza para garantizar la protección de las víctimas y a los grupos armados a reconocer la importancia del momento histórico que atraviesa el país. También hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para la creación de una unidad especial que investigue eficazmente estos casos. «La impunidad en estos crímenes perpetúa el ciclo de violencia y debilita la democracia», señaló la plataforma en su comunicado.
La situación de Jiménez no es un caso aislado, sino un ejemplo del alto costo que asumen quienes denuncian irregularidades y delitos en contextos donde el crimen organizado ejerce presión. Es fundamental que el Estado no solo brinde protección, sino que investigue a fondo estos casos, asegurando justicia para quienes se atreven a alzar la voz en medio de la adversidad.
Y.A.
