*La empresa propone crear grupos especiales de investigación.
La empresa Air-e, intervenida por las autoridades debido a sus problemas financieros, enfrenta una crisis agravada por el robo de energía, un delito que genera pérdidas diarias superiores a los $1.600 millones.
Así lo informó Edwin Palma, agente interventor de la compañía, quien subrayó la urgencia de implementar medidas para combatir este flagelo.
Según cifras oficiales, en 2023 la defraudación de fluidos causó pérdidas de $516.590 millones en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, con un promedio diario de $1.415 millones.
En 2024, este fenómeno se ha intensificado, registrándose un aumento del 18,5 % en las pérdidas, que ya suman $541.751 millones, equivalentes a $1.677 millones por día.
Un problema estructural
Palma explicó que, además del impacto financiero, el delito afecta la sostenibilidad de la empresa y retrasa las inversiones destinadas a mejorar el servicio eléctrico. También destacó que la región Caribe enfrenta una tendencia creciente de este delito, acompañada de un bajo nivel de respuesta por parte de las autoridades.
“Algunos funcionarios ven este delito como un asunto menor, lo que ha llevado a la acumulación de casos sin resolver y a un grado preocupante de impunidad”, afirmó Palma. Actualmente, la empresa ha radicado 340 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pero muchas de estas permanecen estancadas o sin resultados concretos.
Propuedta para combatir este delito
Ante este panorama, Air-e propone la creación de un grupo especial de investigación contra la defraudación de fluidos en los departamentos más afectados. Este equipo tendría como funciones principales:
*Recibir y canalizar denuncias.
*Agilizar los procesos conciliatorios.
*Investigar reincidencias y desarticular estructuras criminales.
*Realizar análisis de datos para entender mejor el fenómeno.
La empresa se compromete a colaborar activamente, proporcionando personal capacitado y acceso a bases de datos, salvo en los casos que la ley lo impida. Palma indicó que esta medida permitiría diagnósticos más precisos y resultados judiciales más efectivos.
“Es imperativo tomar acciones contundentes para frenar este delito que está golpeando las finanzas no solo de la empresa, sino también la calidad del servicio eléctrico en la región”, concluyó el agente interventor.
Con esta iniciativa, Air-e busca trabajar de la mano con las autoridades y la comunidad para mitigar un problema que afecta tanto a la empresa como a miles de usuarios del Caribe colombiano.
