Eliminación de un artículo clave y ajustes a otros puntos controversiales permiten avanzar en el proyecto de ley para resolver los conflictos agrarios en Colombia, sin afectar los derechos de propiedad.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El debate sobre la ley de jurisdicción agraria en Colombia ha generado gran preocupación debido a su potencial impacto sobre los derechos de propiedad, especialmente con respecto a la posibilidad de una expropiación exprés. Sin embargo, tras intensas negociaciones, los ponentes del proyecto y el Gobierno lograron un importante acuerdo que elimina uno de los artículos más controvertidos, el artículo 4, que generaba temor de que se pudieran llevar a cabo expropiaciones rápidas y sin un proceso justo.
El proyecto de ley, que ha sido impulsado con mensaje de urgencia y que busca establecer un sistema judicial específico para abordar los conflictos sobre tierras en el país, pasará la próxima semana a primer debate en el Congreso. El artículo 4 de la iniciativa, tal como estaba originalmente redactado, establecía que “los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con apego a las consideraciones contenidas en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. El Estado en sus decisiones buscará el respeto por el manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria y como esencia de la existencia de la vida. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social. La concentración improductiva u ociosa de las tierras es contraria a la utilidad pública y al interés social”.
Esta redacción, que vinculaba la reforma agraria y el desarrollo rural con el concepto de utilidad pública, abría la puerta a una posible expropiación exprés de tierras, ya que permitiría al Estado intervenir sin una adecuada compensación o debido proceso. Ante las inquietudes de diversos sectores, incluyendo los propietarios de tierras y la oposición política, los ponentes del proyecto y el Gobierno lograron un acuerdo para eliminar la frase «las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social», lo que, de acuerdo con los involucrados, elimina cualquier posibilidad de ampliar las causales de expropiación.
Una fuente cercana a las negociaciones aseguró: “El acuerdo fue eliminar cualquier referencia a la utilidad pública y al interés social en este numeral. Los colombianos deben tener plena seguridad de que así no se amplían las causales de expropiación de bienes rurales y agrarios”.
Otro tema polémico en el proyecto de ley es el artículo 12, que hace referencia a las invasiones de tierras. Este artículo inicialmente buscaba garantizar la tenencia de las tierras invadidas con fines productivos, pero generó preocupaciones sobre su interpretación y aplicación. El artículo señalaba que “las autoridades judiciales evitarán los actos de perturbación o desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para su autosuficiencia y/o para el logro de la soberanía alimentaria, hasta tanto se expida la providencia”.
Tras intensos debates, se acordó que la protección solo aplicaría para las invasiones pacíficas, es decir, aquellas que no se hayan realizado a través de la violencia o la fuerza. Además, se estableció que las invasiones deberán ser públicas, no clandestinas, y deberán estar respaldadas por quienes tengan el derecho de oponerse a ellas.
En cuanto a las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se alcanzó un acuerdo parcial. El proyecto original otorgaba a la ANT la facultad para resolver procesos relacionados con la extinción de dominio, la clarificación de la propiedad y la recuperación de baldíos, lo que fue cuestionado por varios sectores por su posible impacto sobre el derecho a la propiedad. Con el acuerdo alcanzado, se estipula que la extinción de dominio se llevará a cabo solo a través de los tribunales agrarios, y en el caso de los baldíos, se implementará un control judicial automático, con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, como la suspensión de las decisiones de la ANT.
A pesar de estos avances, algunos ponentes de los partidos de oposición anunciaron que presentarán nuevas proposiciones relacionadas con la gestión de tierras y la propiedad, lo que podría generar nuevos debates en torno a la ley.
El acuerdo alcanzado llega en un momento en que el presidente Gustavo Petro ha instado al Congreso de la República a agilizar las reformas necesarias para llevar a cabo una reforma agraria en Colombia. Aunque el proceso de paz y la redistribución de tierras son parte de las promesas del actual Gobierno, los conflictos agrarios siguen siendo un tema crítico y polarizante en el país.
Así las cosas, el debate sobre la jurisdicción agraria refleja la tensión existente en Colombia entre los intereses de los grandes terratenientes y la necesidad de reformar el sistema agrario para dar acceso a tierras a los sectores más desfavorecidos.
Si bien los acuerdos alcanzados en torno a la ley permiten una mayor claridad y seguridad jurídica para los propietarios de tierras, las disputas por el uso y la propiedad de la tierra en Colombia continúan siendo una fuente importante de conflictos sociales y políticos.
El compromiso del Gobierno por avanzar en una reforma agraria que busque la soberanía alimentaria y la distribución equitativa de tierras deberá seguir evaluándose a medida que se implementen nuevas políticas en este ámbito.
Y.A.
