El 21 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). La acción buscaba esclarecer las denuncias sobre retrasos en los desembolsos de créditos educativos, una situación que afecta a más de 200,000 estudiantes en Colombia.
Claudia Hernández, delegada para la vigilancia de la función pública, declaró que la visita se centró en verificar si las entidades cumplirían con el cronograma acordado para los giros del segundo semestre. «Estamos aquí para comprobar si los recursos se girarán o si habrá recortes, como afirman las denuncias», indicó Hernández.
A la preocupación actual se suma la falta de claridad sobre los recursos del Icetex para el año 2025, ya que no se han habilitado los formularios necesarios para que los estudiantes accedan a nuevos créditos.
La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) alertó sobre el impacto que esta situación podría tener en universidades privadas y en las familias de clase media y sectores vulnerables. En un comunicado, Acrees exigió al Gobierno soluciones inmediatas y rechazó cualquier medida que afecte negativamente a las instituciones de educación superior.
En respuesta, el ministro de Educación, Daniel Rojas, negó que la situación se deba a la falta de recursos. Según explicó, los retrasos están relacionados con una reorganización de prioridades por parte del Ministerio de Hacienda, que ha destinado 400,000 millones de pesos a emergencias nacionales.
La incertidumbre persiste mientras los estudiantes y las instituciones esperan una solución que garantice la continuidad educativa y evite una crisis en el sector universitario.
