El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán a través de su defensa decidió apelar la decisión de la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual lo destituyó e inhabilitó por 10 años en el marco del proceso de licitación para fabricación de los pasaportes en el país.
Uno de los argumentos para apelar la decisión, es la supuesta falta de garantías por parte del procurador ponente de la decisión, que según la defensa del excanciller tiene presuntos vínculos con la empresa involucrada.
«El procurador delegado ponente, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, fue señalado por la defensa de tener una enemistad grave con el Gobierno actual y presuntos vínculos con Thomas Greg & Sons, la empresa involucrada en el caso”, se lee en el documento dado conocer por la W Radio.
Cabe mencionar, que la apelación llega después de que el Ministerio Público encontrara probado que Leyva Durán desconoció los principios de la contratación estatal por declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la determinación adoptada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.
En esa línea, el Ministerio Público confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
Por otra parte, la Procuraduría lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa.
