La decisión del agente interventor despierta debate en las entidades locales sobre el impacto financiero y la legalidad del recaudo.
El agente interventor de Air-e, Edwin Palma, anunció recientemente que la empresa dejará de incluir en las facturas de energía cobros asociados a terceros como la tasa de seguridad, el alumbrado público y el servicio de aseo. Esta medida, según Palma, responde a una revisión preliminar en la que se concluye que «no estaríamos obligados a hacerlo y que la gobernación tendría otra forma de materializar ese recaudo».
La iniciativa, que busca separar los costos asociados al servicio eléctrico de los impuestos locales, ha generado reacciones encontradas entre las autoridades. Mientras Air-e se enfoca en garantizar un manejo más transparente de los cobros, la Gobernación del Atlántico rechaza la medida, argumentando que afectaría seriamente las finanzas del departamento.
Las tensiones entre Air-e y la Gobernación
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha defendido la continuidad de la tasa de seguridad al considerar que esta está reglamentada por una ordenanza vigente. Según Verano, Air-e «debe cumplir la ley y continuar recaudando este impuesto», pues representa un ingreso significativo para las estrategias de seguridad y convivencia del departamento.
Palma, por su parte, sostiene que la decisión está en fase de análisis jurídico y que el retiro de estos cobros será concertado con las autoridades locales. “Inmediatamente tengamos el análisis jurídico le propondremos un diálogo a la gobernación para intentar desmontar esa tasa del recibo de manera concertada”, expresó.
Contexto regional y repercusiones legales
La polémica no se limita al Atlántico. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón propuso incluir una nueva tasa de seguridad en las facturas de energía de los estratos altos, lo que ha suscitado críticas por las implicaciones sociales y políticas del cobro. Esta situación ha llevado a Palma a cuestionar los modelos de recaudo adoptados por otras gobernaciones, señalando que el debate «permite voltear la mirada a las gobernaciones y asambleas».
Además, el agente interventor de Air-e subrayó que la medida tiene como objetivo garantizar que las facturas de energía reflejen exclusivamente los costos del servicio eléctrico, evitando cargas adicionales que considera “anticonstitucionales”.
Impacto para los usuarios
Con la eliminación de estos cobros adicionales, se espera que las facturas de energía presenten una reducción significativa, beneficiando directamente a los usuarios del Atlántico. No obstante, esta decisión también implica que las entidades locales deberán buscar alternativas para recaudar impuestos y tasas, lo que podría generar tensiones administrativas y financieras en la región.
Palma ha sido enfático en que Air-e no incumplirá ninguna disposición legal vigente y que su prioridad es garantizar la transparencia y la sostenibilidad del servicio de energía.
La viabilidad de los cobros adicionales en las facturas de energía
La medida adoptada por Air-e pone sobre la mesa un debate crucial sobre la relación entre las empresas de servicios públicos y las entidades territoriales. Si bien la decisión podría traducirse en un alivio para los usuarios, también abre interrogantes sobre la viabilidad de los esquemas actuales de financiamiento local.
La controversia deja entrever la necesidad de revisar el marco legal que regula estos cobros, asegurando un equilibrio entre los derechos de los usuarios y las necesidades de las entidades públicas. En un contexto de creciente desconfianza hacia las empresas de servicios públicos, acciones como estas podrían sentar un precedente para evaluar la constitucionalidad de ciertos cobros incluidos en las facturas.
Y.A.
