La defensa del excanciller cuestiona irregularidades en el proceso disciplinario, incluyendo falta de imparcialidad y conformación indebida de la Sala Disciplinaria.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El excanciller Álvaro Leyva presentó una apelación contra la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó por un periodo de 10 años para ocupar cargos públicos. Esta medida fue adoptada en el marco de un proceso disciplinario relacionado con presuntas irregularidades en el contrato de los pasaportes. La apelación, firmada por su abogado Yefferson Dueñas, denuncia una serie de irregularidades en la estructuración y desarrollo del caso que, según la defensa, vulneraron el derecho al debido proceso.
Entre los argumentos principales, la defensa subrayó que la decisión sancionatoria no fue adoptada por la totalidad de los integrantes de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, sino únicamente por dos de los tres procuradores delegados que la conforman. Esto, según el documento presentado, va en contravía de las disposiciones legales que exigen decisiones colegiadas para este tipo de procedimientos. “El proceso no fue adelantado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento, como lo establece la ley, sino por un único procurador. Además, dice que el fallo fue adoptado por solo dos procuradores delegados, cuando la normativa exige la participación de tres”, señala la apelación.
Denuncias sobre falta de imparcialidad
Otro de los aspectos más polémicos de la apelación tiene que ver con la supuesta falta de imparcialidad por parte del procurador delegado ponente, Jesús Espinosa Jiménez. Según los abogados de Leyva, Espinosa carecía de independencia para abordar el caso debido a una presunta enemistad con el Gobierno Nacional. “El procurador delegado ponente, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, fue señalado por la defensa de tener una enemistad grave con el Gobierno actual y presuntos vínculos con Thomas Greg & Sons, la empresa involucrada en el caso”, detalla el documento. Esta acusación apunta a que Espinosa podría haber tenido un interés personal o profesional que habría influido en su actuación durante el proceso.
Adicionalmente, la defensa puso en duda la objetividad del pliego de cargos formulado contra Leyva, calificándolo de “vago y ambiguo”. Según el equipo legal, las inconsistencias en la redacción de los cargos impidieron una defensa adecuada y solo fueron subsanadas en la etapa final, cuando ya se había emitido la sanción. Este hecho, de acuerdo con los abogados, comprometió el derecho a un proceso justo y transparente.
Contexto del caso
El caso en cuestión gira en torno a un contrato con Thomas Greg & Sons, una empresa involucrada en la emisión de pasaportes. Aunque los detalles específicos de las presuntas irregularidades no se han revelado completamente, el proceso disciplinario contra Leyva ha generado un intenso debate sobre la manera en que la Procuraduría maneja casos de alta relevancia política y administrativa. La inhabilidad por 10 años representa una de las sanciones más severas que la Procuraduría puede imponer, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.
En ese sentido, la apelación presentada por el excanciller abre un debate más amplio sobre las garantías procesales en los casos disciplinarios de alto perfil. Si bien es cierto que la Procuraduría tiene la potestad de investigar y sancionar a los funcionarios públicos, es esencial que estos procesos se lleven a cabo bajo estrictas normas de imparcialidad y legalidad. Las acusaciones de enemistad entre el procurador ponente y el Gobierno Nacional, así como las irregularidades en la conformación de la sala disciplinaria, plantean dudas sobre la transparencia de este fallo.
Por otro lado, este caso podría sentar un precedente sobre cómo deben manejarse las decisiones disciplinarias en Colombia, especialmente en contextos donde los intereses políticos y empresariales parecen entrelazarse. La defensa de Leyva no solo busca anular la sanción, sino también evidenciar las posibles fallas estructurales en los mecanismos de control y vigilancia del país.
En un momento político complejo, este proceso adquiere un matiz especial, pues involucra a una figura reconocida como Leyva, quien ha desempeñado un papel significativo en el panorama político colombiano. La resolución de esta apelación podría tener implicaciones no solo para su carrera, sino también para la percepción pública de la imparcialidad en las instituciones de control.
Y.A.
