En el Caribe colombiano para nadie es un secreto que un gran porcentaje de los usuarios no pagan la luz porque literalmente no tienen con qué, y otro grupo significativo hace fraude para pagar menos.
Esos dos factores debilitan las finanzas de cualquier operador de red, dificultando gravemente su funcionamiento, tal como sucede con Air-e intervenida.
Firmas de Estados Unidos, Venezuela, España y luego de Colombia, que han estado al frente de la distribución y comercialización de energía en la región, no han podido enfrentar con éxito este problema que al final contribuye a los números en rojo.
Actualmente, y específicamente a la empresa Air-e intervenida, el robo de energía la tiene en serias dificultades, porque cada vez crece más, impactando negativamente su flujo de caja y en general sus estados financieros.
Claro, que antes de su intervención también incidió su pésimo manejo administrativo con decisiones como exponerse demasiado en bolsa y pelear con todos los agentes de la cadena, factores que contribuyeron a que prácticamente esté quebrada.
Las cifras son realmente alarmantes y fueron detalladas por el agente especial interventor, Edwin Palma, en la comunicación que le envió a la Fiscalía General de la Nación para solicitar su apoyo y coordinar acciones conjuntas para contrarrestar este flagelo.
Según el funcionario, en los departamentos donde opera Air-e intervenida, es decir, Atlántico, La Guajira y Magdalena, el año pasado la empresa perdió por concepto de robo de energía un total de $516.590 millones de pesos.
Los datos de Edwin Palma son aún más preocupantes al precisar el comportamiento de lo corrido del presente año, cuando el hurto de la energía en estos tres departamentos subió a $541.751 millones de pesos.
