Críticas y cuestionamientos rodean el proceso liderado por Rosa Idalia Jiménez, presidenta de la Asamblea, en medio de denuncias por procedimientos «irrisorios» y decisiones controversiales.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
En la Asamblea Departamental del Magdalena, el ambiente político está cargado de suspicacias y críticas tras el desarrollo del proceso para elegir al nuevo secretario general. José Fernández de Castro, actual secretario de esta corporación, no escatimó en palabras al calificar el proceso como lleno de irregularidades y procedimientos cuestionables. «Nunca había visto tanta irregularidad junta», sentenció Fernández, mientras exponía una serie de anomalías relacionadas con la convocatoria pública y la selección de candidatos en una entrevista exclusiva concedida a Noticias con Libertad.
Proceso reglamentado, pero mal ejecutado
La elección del secretario general está regulada por la Ley 2200 de 2022, que establece en sus artículos 19 y 32 la obligatoriedad de una convocatoria pública. Este requisito fue reiterado en los artículos 104, 105 y 106 del reglamento interno de la Asamblea. Según Fernández, el problema radica en que las normas no se cumplieron como es debido.
En el reglamento, la ley ordena que la convocatoria debe realizarse mediante resolución y debe ser pública y transparente, aspectos que no se respetaron en esta oportunidad. En lugar de ello, Rosa Idalia Jiménez, presidenta de la Asamblea y miembro del Partido Verde, contrató a la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) para liderar el proceso. Esta contratación generó suspicacias desde su inicio, especialmente por el valor acordado: 3.800.000 pesos, una cifra que Fernández calificó como «artificialmente baja» e insuficiente para cubrir las demandas de un procedimiento tan complejo.
“Contratar a una universidad con vínculos políticos por un monto irrisorio para ejecutar un proceso tan delicado no solo genera dudas, sino que también pone en tela de juicio la transparencia de las decisiones tomadas”, señaló Fernández, añadiendo que este monto apenas cubriría los honorarios de un abogado en un caso menor.
Relación entre candidatos y la mesa directiva
Otra de las irregularidades que salió a la luz fue la relación cercana de los candidatos seleccionados con la presidenta de la Asamblea. De los 16 aspirantes que participaron, solo cuatro lograron avanzar. Entre ellos destacan Alcibiades Valencia Cantillo, reconocido por su afinidad con Jiménez, y Johana Escobar, frecuentemente vista en fotografías junto a la presidenta.
«El 50% de los seleccionados son personas afectivamente cercanas a la presidenta», afirmó Fernández. Aunque entiende que la selección de aliados políticos no es inusual en ciertos contextos, subrayó que este tipo de decisiones comprometen la imparcialidad que exige el cargo y siembran dudas sobre la legitimidad del proceso.
¿A quién benefician?
Fernández también destacó que el procedimiento debería haber incluido un aviso público para garantizar la participación de todos los ciudadanos interesados. Sin embargo, lo que se observó fue una manipulación de las etapas del concurso, que resultó en la exclusión de más de la mitad de los aspirantes. Esta práctica, dijo, “desconoce el espíritu de la ley” y favorece a un círculo cerrado de personas con conexiones políticas evidentes.
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Controversia en los criterios de evaluación: Es increíble «tanta irregularidad junta»
Uno de los puntos más críticos señalados por Fernández fue el contenido y enfoque de la prueba de conocimientos, cuyos núcleos evaluables resultaron ser, en sus palabras, «trampas» diseñadas de forma arbitraria.
Según Fernández, la convocatoria incluyó diez núcleos temáticos a evaluar, pero seis de ellos no guardaban relación directa con las funciones del secretario general. Entre los temas propuestos estaban aspectos como la Normatividad de Contratación, Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, Planeación Estratégica, y otros relacionados con control interno y manejo de personal. Este enfoque, comentó Fernández, exigía a los postulantes habilidades propias de un especialista laboralista, lo que desvirtúa el objetivo del cargo y genera profundas dudas sobre la transparencia del proceso.
Además, Fernández reveló que presentó derechos de petición solicitando claridad sobre estos puntos, pero nunca recibió respuestas por parte de la mesa directiva ni de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC), institución encargada del examen. Esto refuerza, en su opinión, la falta de idoneidad en la contratación de la universidad, la cual, además, fue seleccionada sin la participación de dos de los tres miembros de la mesa directiva. Los diputados María Paola Martínez Cantillo y Alberto Mario Gutiérrez Uribe dejaron constancia de no haber sido convocados para esa decisión, como se especifica en la resolución que oficializó el proceso.
Según el secretario, esta situación expone actos que describió como «impúdicos» por parte de la CUC y la presidenta de la Asamblea, Rosa Idalia Jiménez. De acuerdo con Fernández, la falta de concordancia entre los temas evaluados y las funciones del cargo, junto con la exclusión de los demás miembros de la mesa directiva en decisiones clave, configura un panorama que no solo es irregular, sino que también carece de transparencia y legitimidad.
El secretario compartió que, a pesar de haber presentado una tutela para denunciar estas anomalías, el fallo no le fue favorable, ya que el juez argumentó que no se demostró un perjuicio concreto. Fernández planea apelar dicha decisión y subraya que continuará buscando que se garantice la legalidad del proceso. En sus propias palabras, “fíjense tanta irregularidad junta”.
Este episodio deja un manto de suspicacia sobre el manejo del concurso y pone en entredicho la capacidad del proceso para seleccionar a un secretario general basado exclusivamente en méritos y cumplimiento de requisitos, como demandan los ciudadanos del Magdalena.
Consecuencias legales e irregularidades administrativas: Una alerta para la Asamblea del Magdalena
Fernández de Castro, destacó que entre los puntos más preocupantes está posibilidad de que se haya incurrido en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el artículo 410 del Código Penal Colombiano. Según Fernández, este es uno de los delitos más recurrentes en la administración pública y representa una causa principal de condenas para los ordenadores de gasto.
En este contexto, Fernández señaló que la presidenta de la Asamblea, podría estar bajo la lupa de la justicia debido a su presunta actuación unilateral en la contratación de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) para liderar el proceso de selección. Según explicó, la presidenta habría asumido funciones que no le correspondían y omitido controles internos, dejando constancia de ello los demás miembros de la mesa directiva. Este hecho podría despertar el interés de la Fiscalía General de la Nación, que sería la encargada de determinar si se cometió o no una irregularidad punible.
Un punto especialmente crítico es la intervención de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ya emitió requerimientos formales de información sobre el proceso. Sin embargo, según Fernández, la presidenta de la Asamblea no ha entregado los documentos solicitados por la Procuraduría, prolongando así la falta de transparencia. Esto no solo agrava las sospechas sobre el proceso, sino que también podría acarrear consecuencias legales adicionales para quienes han obstaculizado la labor del ente de control.
Asimismo, Fernández señaló que, por haber manifestado su interés en participar en la convocatoria, se declaró impedido para tomar decisiones o participar en reuniones relacionadas con el tema. No obstante, criticó duramente el «encarnizamiento» del proceso en su contra, que calificó como un acto de «sicariato académico». Relató cómo una antigua investigación por presuntas irregularidades en un contrato de kits escolares, de la cual fue absuelto después de 13 años, fue usada como argumento para negarle su participación, a pesar de que la ley colombiana presume la inocencia de las personas hasta que no exista una condena en firme.
Finalmente, Fernández advirtió que la elección, prevista para el 30 de noviembre, podría culminar con la designación de un candidato cercano a la actual presidenta de la Asamblea, Rosa Jiménez. Esta afirmación pone en evidencia un posible conflicto de intereses, que, junto a las irregularidades ya mencionadas, cuestiona la transparencia del proceso y plantea la necesidad de un mayor control por parte de las autoridades pertinentes.
El llamado de Fernández a los organismos de control es claro: garantizar que la legalidad y la meritocracia prevalezcan en un proceso que, hasta ahora, ha sido objeto de severas críticas y dudas.
Procuraduría y desconfianza ciudadana: Claves en la elección del secretario de la Asamblea del Magdalena
La controversia en torno al proceso de selección del secretario general de la Asamblea del Magdalena revela una preocupante falta de transparencia y apego a las normas, factores esenciales en cualquier institución pública. Desde la presunta actuación irregular de la presidenta de la Asamblea, Rosa Jiménez, hasta las críticas hacia la participación de la universidad contratada para liderar el proceso, emergen múltiples señales de un manejo administrativo cuestionable.
Las denuncias de José Fernández de Castro, actual secretario de la Asamblea, ponen de manifiesto un sistema en el que los intereses personales y las relaciones políticas parecen primar sobre la meritocracia y el cumplimiento de los requisitos legales. Esto, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones locales, expone a los responsables a posibles sanciones legales por la violación de principios básicos como la contratación pública transparente.
Por otra parte, la intervención de la Procuraduría General de la Nación, aunque limitada por la falta de respuesta de la presidenta de la Asamblea, es una señal de alerta sobre la necesidad de controles más estrictos en este tipo de procesos. La negligencia en la entrega de documentos solicitados por este ente de control, sumada a la exclusión de algunos aspirantes bajo pretextos débiles o poco justificados, refuerza la percepción de un sistema diseñado para beneficiar a ciertos actores. En este contexto, es fundamental que las autoridades pertinentes investiguen a profundidad y, de ser necesario, sancionen las conductas irregulares. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un modelo de gestión pública carente de ética, con consecuencias negativas no solo para la Asamblea del Magdalena, sino para el fortalecimiento de la democracia en la región.
Y.A.
