El empresario y político busca proteger su honra y buen nombre ante declaraciones del presidente publicadas en redes sociales.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
Enrique Vargas Lleras, empresario y hermano del reconocido político Germán Vargas Lleras, ha iniciado una nueva batalla legal contra el presidente Gustavo Petro al presentar una acción de tutela. El motivo: proteger sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, que considera vulnerados por un mensaje que el mandatario publicó en la red social X el pasado 8 de octubre.
En dicha publicación, Petro afirmó que la familia Vargas Lleras obtiene «miles de millones de pesos» mediante un sorteo organizado en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, controlada supuestamente por ellos. El mandatario no solo señaló que este mecanismo consolida la privatización y politización de la justicia, sino que insinuó que desde estas esferas se conspira contra su gobierno:
“Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de Estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos”.
Respuesta y argumentos de Vargas Lleras
Enrique Vargas Lleras rechazó de manera contundente las declaraciones de Petro, calificándolas como infundadas y carentes de sustento fáctico y jurídico. Según Vargas, las reglas del sorteo al que hace referencia el presidente están previamente definidas y reglamentadas, lo que impide cualquier intervención por parte de los miembros de la Corte Arbitral. Asimismo, afirmó que su hermano Germán Vargas Lleras, pese a figurar en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, no ha recibido honorarios desde su ingreso.
El empresario intentó inicialmente resolver la situación mediante una solicitud formal de rectificación el pasado 10 de octubre. Sin embargo, el Gobierno respondió negativamente. En una comunicación enviada el 1 de noviembre, la Presidencia, a través de su Grupo de Atención a la Ciudadanía, argumentó que las declaraciones del presidente estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión en su faceta de opinión.
Para Enrique Vargas, esta respuesta no es suficiente, pues insiste en que los señalamientos del presidente han afectado gravemente su imagen y la confianza pública que otros tienen en él. En su acción de tutela, sustentada en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, el empresario subraya que la honra y el buen nombre son derechos que el Estado debe proteger:
“Es importante indicar que en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, se estableció que todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos respete el buen nombre y la honra y que el Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar esos derechos. Las afirmaciones hechas por parte del señor Petro Urrego han afectado mi imagen y prestigio, socavando la confianza que en mí se tiene”.
Exigencia de una retractación pública
Enrique Vargas espera que el juez encargado de resolver la tutela ordene al presidente Petro retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas, utilizando los mismos medios y condiciones en los que se emitieron las declaraciones iniciales.
Para Vargas, este proceso no solo busca restablecer su reputación, sino también prevenir que estas supuestas difamaciones continúen afectando sus derechos fundamentales. “Por ello me encuentro legitimado para interponer la acción de tutela, como mecanismo transitorio, para evitar que los efectos de las difamaciones […] se expandan y prolonguen en el tiempo”, puntualizó.
En ese contexto, el caso de Enrique Vargas Lleras contra Gustavo Petro reabre un debate de fondo sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección al buen nombre. Si bien es cierto que los funcionarios públicos, incluido el presidente, tienen derecho a emitir opiniones, estas deben estar sustentadas en hechos verificables, especialmente cuando afectan directamente la reputación de terceros.
Además, este episodio refleja tensiones profundas entre sectores políticos tradicionales y la administración actual. Más allá del resultado judicial, este enfrentamiento podría intensificar las divisiones políticas y generar un precedente sobre el alcance de la libertad de expresión de los altos funcionarios del Estado.
Y.A.
