Por: Laureano Acuña Díaz
La descentralización en Colombia ha sido un tema recurrente en la agenda política durante las últimas décadas. Aunque la Constitución de 1991 sentó las bases para un Estado más descentralizado, en la práctica, el proceso ha avanzado con lentitud, enfrentando múltiples obstáculos legales, políticos y administrativos. En este contexto, la Región Caribe ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por una verdadera descentralización, autonomía territorial y el desarrollo de un modelo más equitativo para las regiones.
La descentralización en Colombia comenzó a cobrar fuerza con la nueva constitución que reconoció la necesidad de transferir competencias y recursos a los entes territoriales para garantizar un desarrollo más equilibrado en el país. Sin embargo, más de tres décadas después, el centralismo sigue predominando en la administración pública.
El camino ha sido tortuoso, nada fácil por la falta de voluntad política de los gobiernos. Hay que resaltar el empuje de nuestra región de manera constante, unida y con liderazgos sobresalientes en defensa de una descentralización tangible y eficaz. En el pasado, desde el Senado de la República y de manera conjunta con la bancada caribe y el acompañamiento de Eduardo Verano De la Rosa en su calidad de gobernador y vocero de los gobernadores de la región, luchamos por un modelo administrativo más autónomo, logrando la implementación de la Región Administrativa de Planificación (RAP) Caribe y, más recientemente, la Región Administrativa y de Desarrollo (RAD) Caribe, hechos que nos colocan como ejemplo de organización y persistencia.
En el presente se discute en el Congreso de la Republica un proyecto de ley encaminado a la descentralización de los recursos en mayor porcentaje para los entes territoriales provenientes de los ingresos corrientes de la nación que hacen parte del sistema general de participaciones. Obviamente esta descentralización de recursos debe ir acompañada de mayores responsabilidades administrativas o de competencias y obligaciones.
¿Y que es el sistema general de participaciones? El SGP es el mecanismo mediante el cual el gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). El SGP está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991. El SGP se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
Hoy la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN).
La reforma constitucional presentada por el gobierno nacional, y que cursa su sexto de ocho debates en el Congreso de la República, busca que en adelante los entes territoriales reciban el 46,5% de los ICN para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios.
Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que decir que esta reforma tiene como objeto no solo la descentralización de los recursos sino la oportunidad que las intervenciones en los territorios sean más ágil, eficaz y oportuna. El tramite dado hoy entre los entes territoriales y los despachos del orden nacional son tortuosos, duraderos, muchas veces agobiantes e imposibles. Hemos visto alcaldes intentar gestionar obras para sus territorios y terminan sus periodos y no logran el objetivo.
La lucha por la descentralización no es un capricho político, sino una necesidad estructural en un país tan diverso como Colombia. La centralización ha generado brechas profundas entre las regiones, con un desarrollo desproporcionado que beneficia principalmente a Bogotá y otras ciudades principales, mientras deja a departamentos como Chocó, La Guajira y Bolívar en condiciones de rezago.
Sin embargo, la aprobación de la nueva Ley del Sistema General de Participaciones podría ser un punto de inflexión. Este proyecto tiene el potencial de transferir mayores recursos a los entes territoriales, fortaleciendo su capacidad para invertir en proyectos que impulsen el desarrollo local. Pero para que esto sea efectivo, es necesario:
- Capacitar a los líderes locales en la administración de recursos públicos, asegurando su eficiente ejecución.
- Implementar sistemas de control y rendición de cuentas, que prevengan la corrupción y garanticen la transparencia en el uso de los fondos.
Es hora de que Colombia avance hacia un modelo descentralizado que honre su diversidad territorial y garantice oportunidades equitativas para todos sus habitantes. Lo que espera la ciudadanía es que las necesidades básicas insatisfechas se resuelvan en el menor tiempo posible y así dignificar a una sociedad que durante muchos años a sido ignorada, abandonada y maltratada.
